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Derecho de los Pueblos Indígenaspor la Dra. Teodora Zamudio Derecho~UBA ~ Equipo de Docencia e Investigación |
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Síntesis preparada por Teodora Zamudio
En el caso del Conocimiento Tradicional, existe la necesidad de establecer mecanismos para determinar su valor económico y el de los recursos naturales relacionados con ellos y de su contribución a la elaboración de productos o procesos comerciales. La retribución por tales aportes configura un derecho socioeconómico que no puede ser relegado a un mero mecanismo de compensación sujeto a regalías remotas y difícilmente verificables.
Por ello el Derecho juega un papel trascendental, no sólo en la regulación de mercados transparentes que faciliten que los Pueblos Indígenas asistan –como titulares registrales y, por ello, como únicos autorizados a hacerlo- a los mercados y ferias a negociar y establecer los precios y cláusulas de contratación sobre la disposición de sus Conocimientos Tradicionales, sino brindando real seguridad en las transacciones que se celebren; para el caso, en la cesión o licencia de explotación de los conocimientos técnicos tradicionales a través de la figura jurídica del Contrato de Transferencia de Tecnología Tradicional.
Este instrumento ha de contener previsiones expresas específicas.
La tecnología es información, métodos e instrumentos por medio de los cuales se utiliza los recursos materiales del ambiente para satisfacer diversas necesidades y deseos. A su tiempo, su transferencia involucra la transmisión del uso o se autoriza la explotación de tales conocimientos técnicos. Es decir, en este contrato una de las partes aporta un conjunto de conocimientos, asistencia técnica y elementos materiales para la producción industrial, mientras que la otra aporta en contraprestación una remuneración económica.
En lo pertinente a la transferencia de tecnología y conocimientos tradicionales la legislación de los países proveedores ha de regular teniendo especial resguardo de la brecha cultural –aunque no sea ella intelectual- entre los Pueblos que suministran y las empresas que solicitan esta particular tecnología. Cuidar que este tipo de contratos no sea de libre adhesión, que la debilidad del contratante local sea compensada, que los efectos de las pautas contractuales no supongan el drenaje de saber y cultura. Además de la estipulación de confidencia al receptor, en virtud de la cual éste no puede divulgar los conocimientos adquiridos a raíz del contrato del proveedor.
Hasta ahora la transferencia de tecnología tradicional, se sostuvo sobre un modelo prevaleciente de adhesión unilateral, que reposaba fundamentalmente en una posición cultural y económica asimétrica. Ausente la libertad de configurar el contenido del contrato: más que consentimiento, el proveedor de conocimiento tradicional otorgaba el ‘asentimiento’. Aún los estándares intentados por organizaciones intermedias y organismos internacionales no superaron el ‘simple consentimiento contractual’, con los elementos clásicos de discernimiento, intención y libertad juzgados y aplicados según reglas culturalmente unilaterales, centradas en el contenido del acto propuesto.
Por el contrario, la norma obliga a contratar en el marco y la estructura de la relación. Esta relación, conforme exigencias constitucionales y morales, (básicamente la consideración del Pueblo Aborigen como sujeto moral autónomo, en resguardo de su dignidad y en la esfera de las conductas auto referentes) será construida y acordada por ambos.
Garantizar –mediante la norma propuesta- la protección que el orden público brinda a la parte más débil de la relación, ya que no puede soslayarse la asimetría psicológica y científica de los ‘contratantes’ en la relación de transferencia de tecnología o conocimiento tradicional- el derecho de poder ejercer opciones informadas y participar activamente del proceso de toma de decisiones, y posteriormente valorar la eficacia jurídica del consentimiento.
El modelo de autonomía –para estas transferencias- considera los valores y creencias de los operadores de una relación como el punto de partida moral insoslayable en la determinación de las responsabilidades de las partes de una relación social y jurídica en cualquier ámbito.
Cuando los valores de ambos actores se enfrentan directamente, la responsabilidad fundamental consiste en respetar y facilitar la autodeterminación en la toma de decisiones. La obligaciones y virtudes de cada una brotan por lo tanto del principio de autonomía[1]. El respeto a la autonomía de los actores es un deber y por lo tanto no puede ser superado por otros principios morales.
El principio de autonomía es la base moral de la doctrina del consentimiento informado y por lo tanto: fundamentado.
Una definición de autonomía podría esbozarse diciendo que la decisión de una determinada persona es autónoma si procede de los valores y creencias propias de dicha persona, se basa en una información y su comprensión adecuadas, sin imposiciones ni coacciones internas o externas[2].
Se distingue entre la capacidad para actuar autónomamente y la acción autónoma, ya que poseer la capacidad para decidir autónomamente no garantiza que se realizará una decisión autónoma[3]. Una acción será sustancialmente autónoma cuando sea realizada por un sujeto que actúa intencionalmente, con comprensión y libre de control o influencias (estas dos últimas susceptibles de gradación y admitiendo la presencia de zonas grises).
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