Comentarios al Anteproyecto de Ley de los Pueblos Aborígenes de la República Argentina

A solicitud del Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Vanossi 

Buenos Aires, 21 de Agosto de 2002

Estamos persuadidas de la importancia innovadora del Anteproyecto de Ley de los Pueblos Aborígenes de la República Argentina elaborado por la Dra. Teodora Zamudio.  Consideramos que el mismo supone un avance sustantivo en la implementación de los derechos conferidos a las poblaciones indígenas en la Constitución Nacional.  A nuestro entender, este avance radica fundamentalmente en el otorgarmiento a los Pueblos Indígenas de un reconocimiento en términos de “personas jurídicas de carácter público no estatal”, lo que confiere un status de mayor envergadura que la personería jurídica reconocida por la Ley Nacional 23.302 sancionada en 1985 y reglamentada en 1989.  

En nuestro carácter de expertas antropólogas, nos parece crucial señalar aquellos aspectos que pueden dar lugar a equívocos, principalmente respecto a la utilización de los términos Pueblo, Nación y Comunidad.  A tal fin, transcribimos el siguiente párrafo del Artículo 1, Declaración  que señala: “A los efectos de esta ley se entiende que el Pueblo o la Nación Aborigen define al conjunto socialmente organizado, con un origen cultural común, cuya evolución y desenvolvimiento viene dándose en el territorio de la República Argentina desde la época anterior a la constitución del Estado Nacional”.

Desde nuestro punto de vista, notamos una utilización ambigua de los términos Pueblo y Nación, como si se trata de sinónimos. En realidad, son términos que connotan significados diversos, tal como muestra la legislación de otros países en materia indígena. Desde nuestra ignorancia jurídica, advertimos que el Artículo de la Constitución se refiere a Pueblos Indígenas, hecho que suponemos prescribe un ordenamiento legal que debe armonizarse con el corpus legislativo del Estado Nación, además de ser el término mediante el cual se autodenominan los grupos indígenas. 

Sin embargo, como antropólogas sostenemos que la noción de “Nación Aborigen” --utilizada en países de un reconocido avance en cuanto a los derechos indígenas—confiere un status jurídico político más contundente y fiel al devenir histórico y la realidad actual de las poblaciones indígenas. En tal sentido, compartimos el parecer de la Dra. Catherine Lussier en cuanto a que el empleo del término “Nación” no denota un status político equivalente al que se le atribuye al Estado Nación sino un carácter organizacional --social y cultural-- distintivo al que le corresponde un conjunto de derechos y obligaciones, también distintivos.  Es por eso que el reconocimiento de las poblaciones indígenas en términos de Naciones constituye un derecho que sin vulnerar el marco jurídico político del Estado Nación otorga a las poblaciones indígenas un doble reconocimiento: como indígenas y ciudadanos argentinos.

Es de nuestra opinión que el concepto de Pueblo no es del todo congruente con el Artículo 75. – Inciso 17 que refiere a la necesidad de “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” en la medida que la noción de Pueblo se vincula habitualmente con características culturales e identitarias mientras que el de Nación apunta por una parte a las características mas propiamente jurídicas u organizacionales y, por la otra, a la legítima existencia de los grupos aborígenes que preceden a la constitución del Estado Nación y que guardan características sociales, culturales e históricas distintivas ancladas en un determinado territorio.

En definitiva, proponemos que el párrafo precitado sea modificado en los siguientes términos: “A los efectos de esta ley se entiende por Nación Aborigen al conjunto socialmente organizado, con un patrimonio e historia cultural comunes cuya existencia es anterior a la constitución del Estado Nacional”.

Con respecto al Artículo 2. Codificación  destacamos la autonomía que el mismo confiere a cada Nación para determinar su organización a nivel interno y su representación política ante el Estado Nación.  Del mismo modo, juzgamos positiva la distinción entre la participación de sus miembros en el usufructo del patrimonio común y la regulación de este último frente a quienes no pertenecen a cada Nación, particularmente por la avidez de ciertas corporaciones.  Observamos sin embargo la falta de claridad del Inciso e) referido a la Sanidad así como señalamos la conveniencia de eliminar el término “armónicamente” del Inciso d).  por no hacer justicia a la efectiva distancia entre la socialización indígena y la educación formal. 

Por último, entendemos que el Artículo 4. referido al Territorio  es el que procura avanzar desde el mero reclamo de tierras hacia un verdadero reconocimiento del complejo rol del territorio en la vida de las poblaciones indígenas.  En honor a esa complejidad, creemos que supera ampliamente el concepto de “área geográfica de influencia histórica y tradicional donde se viene desarrollando la cultura de cada Pueblo Aborigen y habitan sus miembros y sus comunidades”.   La noción de territorio refiere ante todo a un marco sociopolítico que involucra símbolos y valores culturales que no se reducen a una mera consideración del espacio en términos geográficos. Es justamente ese plus de significación el que, entre otras cosas, ha permitido el desarrollo de prácticas  hoy altamente valoradas y, por lo mismo, apropiadas por las políticas nacionales e internacionales dada su capacidad “sustentable”.      

En tal sentido proponemos reformar el párrafo del Artículo 4 referido al territorio en los siguientes términos:  “A los efectos de esta ley se entiende por territorio el espacio sociopolítico ocupado y utilizado en forma distintiva por las naciones aborígenes y que resulta o ha resultado fundamental para su reproducción biológica, histórica y cultural.”

Por último, la noción de Comunidad utilizada en el anteproyecto, merecería ulterior reflexión dado el uso no consensuado, a menudo impreciso y evocativo del término.  Sobre los dos primeros aspectos, básicamente coincidimos con la Dra. Catherine Lussier.  Al atribuirle un carácter evocativo nos referimos al hecho de que las comunidades usualmente son concebidas como algo mas o menos exótico que merece su preservación social y cultural, la defensa de sus tradiciones y la incorporación de supuestos rasgos culturales al patrimonio cultural del país.  Alude además a un supuesto carácter colectivo, presuponiendo la existencia de mecanismos democráticos de toma de decisiones y con un marcado predominio de un espíritu de solidaridad y ayuda mutua en donde el Bien Común se antepone a los proyectos y deseos individuales de sus miembros.

Si bien esta ampliamente testimoniado que las formas de representación política en muchas sociedades indígenas, históricamente y aún hoy privilegian el consenso por sobre la coerción, resulta peligroso asumir que tales prácticas son constitutivas de las sociedades indígenas de la misma manera que resulta peligroso presuponer que nuestra sociedad se articula en todos sus niveles desde la coerción y el individualismo.  Consideramos que estos resguardos deben atravesar todo  intento de legislar los derechos y obligaciones indígenas, entendiendo que su  verdadero reconocimiento siempre debe partir del carácter dinámico de toda identidad y en tanto tal, tener a las poblaciones indígenas no solo como destinatarias sino artífices de su futuro de acuerdo a sus propias aspiraciones. 

Atentamente

Alejandra Siffredi & Ana María Spadafora

Alejandra Siffredi

Doctora en Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Profesora Titular de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Directora de la Sección Etnología y Etnografía del Instituto de Ciencias Antropológicas, UBA. 

Ana María Spadafora

Doctoranda en Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Investigadora Asistente del CONICET, Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Colaboradora del Instituto Socioambiental, Sao Paulo.