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Derecho de los Pueblos Indígenaspor la Dra. Teodora Zamudio Derecho~UBA ~ Equipo de Docencia e Investigación |
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1.
El 4 de junio de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante
la Corte una demanda contra el Estado de Nicaragua (en adelante “el Estado”
o “Nicaragua”) que se originó en la denuncia No. 11.577, recibida en la
Secretaría de la Comisión el 2 de octubre de 1995.
2.
En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o
“la Convención”) y los artículos 32 y siguientes del Reglamento.
La Comisión presentó este caso con el fin de que la Corte decidiera si
el Estado violó los artículos 1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 21 (Derecho a la Propiedad
Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en razón de que
Nicaragua no ha demarcado las tierras comunales de la Comunidad Awas Tingni, ni
ha tomado medidas efectivas que aseguren los derechos de propiedad de la
Comunidad en sus tierras ancestrales y recursos naturales, así como por haber
otorgado una concesión en las tierras de la Comunidad sin su consentimiento y
no haber garantizado un recurso efectivo para responder a las reclamaciones de
la Comunidad sobre sus derechos de propiedad.
3.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado
debe establecer un procedimiento jurídico que permita la pronta demarcación y
el reconocimiento oficial de los derechos de propiedad de la Comunidad Mayagna,
así como abstenerse de otorgar o considerar el otorgamiento de cualquier
concesión para el aprovechamiento de recursos naturales en las tierras usadas y
ocupadas por Awas Tingni hasta que se resuelva la cuestión de la tenencia de la
tierra que afecta a la Comunidad.
4.
Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que condene al Estado a
pagar una indemnización compensatoria equitativa por los daños materiales y
morales que la Comunidad ha sufrido, y al pago de las costas y gastos generados
en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante el Sistema
Interamericano.
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