84.       El artículo 43 del Reglamento señala el momento procesal oportuno para la presentación de los elementos de convicción y su admisibilidad, a saber:

Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son señaladas en la demanda y en su contestación y en su caso, en el escrito de excepciones preliminares y en su contestación.  Excepcionalmente la Corte podrá admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes señalados, siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa.

85.       El artículo 44 del Reglamento faculta al Tribunal a:

1. Procurar de oficio toda prueba que considere útil.  En particular, podrá oír en calidad de testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuyo testimonio, declaración u opinión estime pertinente.

2. Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su alcance o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil.

3. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado.  Mientras la Corte no lo autorice, los documentos respectivos no serán publicados.

[…]

86.       Es importante señalar que en materia probatoria rige el principio del contradictorio.  Este principio es uno de los fundamentos del artículo 43 del Reglamento, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba con el fin de que haya igualdad entre las partes.

87.       Dado que el objeto de la prueba es demostrar la veracidad de los hechos alegados, resulta de suma importancia establecer los criterios que utiliza un tribunal internacional de derechos humanos en la valoración de los elementos de convicción.

88.       La Corte tiene criterio discrecional para valorar las declaraciones o manifestaciones que se le presenten, tanto en forma escrita como por otros medios. Para ello puede hacer una adecuada valoración de la prueba, según la regla de la “sana crítica”, lo cual permitirá a los jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos alegados, tomando en consideración el objeto y fin de la Convención Americana.[1] 

89.       Con el fin de obtener el mayor número posible de pruebas, este Tribunal ha sido muy flexible en la admisión y valoración de las mismas, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia.  Un criterio ya señalado y aplicado con anterioridad por la Corte es el de la ausencia de formalismo en la valoración de la prueba.  El procedimiento establecido para los casos contenciosos ante la Corte Interamericana ostenta características propias que lo diferencian del aplicable en los procesos de derecho interno, no estando el primero sujeto a las formalidades propias del segundo.

90.       Es por ello que la “sana crítica” y el no requerimiento de formalidades en la admisión y valoración de la prueba, son criterios fundamentales para valorar ésta, la cual es apreciada en su conjunto y racionalmente.

91.            Corresponde ahora a la Corte apreciar el valor de los elementos de convicción presentados por las partes en el presente caso.

92.       En cuanto a la prueba documental aportada por la Comisión y por el Estado que no fue controvertida ni objetada, ni cuya autenticidad fue puesta en duda, este Tribunal le da valor y la incorpora al acervo probatorio del presente caso.

93.       Los documentos titulados “Awas Tingni.  Un Estudio Etnográfico de la Comunidad y su Territorio”, elaborado por Theodore Macdonald en febrero de 1996; “Dictamen etnográfico al documento elaborado por el Dr. Theodore Macdonald”, realizado por Ramiro García Vásquez, y diversos mapas referentes a la delimitación del territorio ocupado por la Comunidad Awas Tingni, fueron objetados en cuanto a su contenido.  La Corte toma en cuenta las diversas posiciones de las partes respecto de dichos documentos; sin embargo, este Tribunal considera útil incorporarlos al acervo probatorio del caso.

94.            Respecto de los recortes de periódicos aportados por la Comisión, el Tribunal ha considerado que aun cuando éstos no tienen carácter de prueba documental propiamente dicha, pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos o notorios, declaraciones de altos agentes del Estado, o cuando corroboren lo establecido en otros documentos o testimonios recibidos en el proceso.[2]

95.       Los documentos presentados por Marco Antonio Centeno Caffarena el 21 de noviembre de 2000 con ocasión de la audiencia pública, fueron valorados por la Corte y este Tribunal, mediante Resolución de 24 de noviembre de 2000, agregó al acervo probatorio del presente caso, de conformidad con el artículo 44 de su Reglamento, dos de los ocho documentos por él aportados (supra párrs. 63, 64 y 79).

96.       El documento titulado “Diagnóstico general sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica”, elaborado por el Central American and Caribbean Research Council, fue presentado por el Estado el 20 de diciembre de 2000, tal como fue solicitado mediante Resolución de la Corte de 24 de noviembre de 2000 (supra párrs. 64, 65 y 80).  Dado que dicho documento fue solicitado por el Tribunal, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento, se incorpora al acervo probatorio del presente caso en aplicación de lo dispuesto en el inciso primero de esa misma norma.

97.       La Corte considera útiles los tres documentos presentados por la Comisión el 29 de enero de 2001 (supra párrs. 66 y 81), máxime cuando no fueron controvertidos ni objetados, ni su autenticidad o veracidad fueron puestas en duda.  En consecuencia, los incorpora a la prueba del presente caso.

98.       El acervo probatorio de un caso es único e inescindible y se integra con la prueba presentada durante todas las etapas del procedimiento.[3]  Por esta razón, la prueba documental presentada por el Estado y la Comisión durante la fase de excepciones preliminares forma parte del acervo probatorio del presente caso.

99.       El Estado no presentó la documentación solicitada por la Corte el 31 de julio de 2001 como prueba para mejor resolver (supra párr. 69).  Observa la Corte al respecto, que las partes deben allegar al Tribunal las pruebas solicitadas por éste, sean documentales, testimoniales, periciales o de otra índole.  La Comisión y el Estado deben facilitar todos los elementos probatorios requeridos -de oficio, como prueba para mejor resolver o a petición de parte- a fin de que el Tribunal cuente con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus resoluciones.  Sobre el particular, es preciso tomar en cuenta que en los procesos sobre violaciones de derechos humanos puede ocurrir que el demandante no cuente con la posibilidad de allegar pruebas que sólo puedan obtenerse con la cooperación del Estado.[4]

100.     En relación con la prueba testimonial y pericial evacuada, la cual no fue objetada ni controvertida, la Corte la admite únicamente en cuanto concuerde con el objeto del respectivo interrogatorio.

101.     En su escrito de alegatos finales, el Estado manifestó que:

La casi totalidad de los expertos presentados por [l]a Comisión, admitieron no tener conocimiento directo del reclamo de tierras ancestrales sustentado por la Comunidad Indígena de Awas Tingni; esto es, admitieron que sus opiniones profesionales se apoyaron en estudios efectuados por terceras personas. 

Los pocos expertos presentados por [l]a Comisión, que podrían tener algún conocimiento directo del reclamo de ancestralidad de Awas Tingni, reconocieron el carácter preliminar y, por lo tanto, no conclusivo de sus ensayos. No teniendo carácter conclusivo, tales estudios no pueden ser tenidos como evidencia científica para sustentar una acusación de falta de titulación de tierras ancestrales.

102.     En relación con lo anterior, la Corte tiene criterio discrecional para valorar las declaraciones y dictámenes que se le presenten.  Con este fin, el Tribunal hará una adecuada valoración de la prueba, según la regla de la “sana crítica”.[5]