104.
En cuanto al artículo 25 de la Convención, la Comisión alegó que:
a)
a pesar de estar consagrada en la Constitución Política de Nicaragua
(artículos 45 y 188) y en la legislación nicaragüense (Ley No. 49 o Ley de
Amparo), la institución del amparo ha sido absolutamente inefectiva para
prevenir que el Estado permita que la empresa extranjera SOLCARSA destruya y
explote las tierras que por años le han pertenecido a la Comunidad Awas Tingni;
b)
los peticionarios recurrieron ante el órgano jurisdiccional previsto por
la ley con el objeto de buscar un remedio judicial que los amparara contra actos
violatorios de sus derechos constitucionales.
El órgano jurisdiccional debe razonar sus conclusiones, y debe
determinar la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que da
origen al recurso judicial, tras un procedimiento de prueba y debate sobre esa
alegación. El recurso judicial fue
ineficaz, ya que no reconoció la violación de derechos, no amparó al
reclamante en su derecho afectado, ni le proveyó una reparación adecuada. El tribunal judicial
eludió decidir sobre los derechos del peticionario y le impidió gozar del
derecho a un remedio judicial en los términos del artículo 25 de la Convención;
c)
casi un año después de haber sido admitido el segundo recurso de
amparo, la Corte Suprema de Justicia falló en contra del recurso sin
pronunciarse sobre el fondo, ya que consideró que los peticionarios se
limitaban a impugnar el otorgamiento inicial de la concesión, concluyendo en
relación con ello que el recurso era extemporáneo, cuando en realidad dicho
recurso impugnaba la falta de respuesta a la demanda territorial por parte de la
Comunidad y la “supuesta” ratificación de la concesión por el Consejo
Regional de la RAAN en 1997;
d)
la protección judicial se relaciona con la obligación de los Estados
partes de garantizar que las autoridades competentes cumplan con las decisiones
judiciales, de conformidad con el artículo 25.2.c de la Convención.
Sin embargo, en el único caso comprendido dentro de los hechos de este
proceso, en que fue decidido el recurso de amparo, el Estado ignoró la decisión
judicial emitida a favor de las comunidades indígenas, violando el mencionado
artículo de la Convención. Además, el fallo
de la Corte Suprema de Justicia se basó en la omisión del requisito procesal
establecido en el artículo 181 de la Constitución Política y no amparó los
derechos de propiedad referentes al área objeto de la concesión;
e)
las autoridades nicaragüenses debieron oportunamente cumplir la
sentencia de 27 de febrero de 1997 y, en consecuencia, suspender en forma
urgente y rápida todo acto declarado inconstitucional, a fin de evitar que
SOLCARSA cometiera daños irreparables
en las tierras de la Comunidad Awas Tingni.
Sin embargo, no procedieron así. La
Comunidad sufrió por dos años la vigencia de una concesión maderera que
atentaba contra su tenencia tradicional de la tierra y de los recursos
naturales;
f)
la Comisión fue informada el 6 de mayo de 1998 sobre la suspensión de
la concesión otorgada a SOLCARSA, año y medio después de que la Corte Suprema
de Justicia ordenara dicha suspensión y después de que la Comisión aprobara
el Informe de conformidad con el artículo 50 de la Convención;
g)
la respuesta de Nicaragua al Informe de la Comisión constituye una
aceptación de responsabilidad internacional, en cuanto reconoce sus
obligaciones, al señalar que está en proceso de dar cumplimiento a las
recomendaciones planteadas en ese informe;
h)
Nicaragua no permite que los indígenas accesen al Poder Judicial, por lo
que los discrimina;
i)
en Nicaragua no existe ningún procedimiento o mecanismo efectivo para
demarcar y titular la tierra indígena, específicamente la de las comunidades
de la Costa Atlántica.
La inexistencia de un mecanismo efectivo para la titulación y
demarcación de las tierras indígenas se ve claramente en el caso de Awas
Tingni. La complejidad del asunto de
ninguna manera da excusa al Estado para no cumplir por años con lo que es su
deber, de acuerdo con la Convención Americana, ni para considerar a las tierras
indígenas no tituladas como tierras estatales, ni para otorgar concesiones a
compañías extranjeras en esas tierras. Aún
después de que el Estado se comprometió, en su “Constitución de 1986”, a
garantizar la propiedad comunal de las comunidades indígenas, ha transcurrido
un período extenso sin que ello haya sido llevado a la práctica en relación
con Awas Tingni y muchas otras comunidades indígenas;
j)
los representantes de Awas Tingni han hecho varias gestiones en relación
con la titulación de sus tierras, ante las autoridades del Estado que han
tenido alguna competencia pertinente, incluso ante el INRA, institución que fue
señalada por Nicaragua como la autoridad que tenía potestad de titular tierras
comunales indígenas. Por otro
lado, en el contrato tripartito firmado entre la Comunidad, el MARENA y MADENSA,
se disponía que el MARENA se comprometía a reconocer provisionalmente el
derecho de propiedad de la Comunidad sobre el área de aprovechamiento forestal
y a facilitar un proceso de titulación a favor de la Comunidad.
Sin embargo, el MARENA no lo cumplió.
Asimismo, en marzo de 1996 la Comunidad presentó una solicitud de
titulación ante el Consejo Regional de la RAAN, pero nunca obtuvo respuesta y,
por el contrario, al año siguiente el Consejo dio su aval a la concesión a la
empresa SOLCARSA sin haberla consultado. Por
último, la Comunidad se reunió con el Presidente de Nicaragua en febrero de
1997, para oponerse a la concesión y solicitarle ayuda para los mismos fines;
sin embargo, de dicha reunión no emanó ningún acto concreto que beneficiara a
la Comunidad;
k)
al promover la concesión a SOLCARSA, el Estado se rehusó a tomar en
cuenta a la Comunidad y la tenencia tradicional de la tierra que ella ejercía;
Nicaragua consideró que el área de la concesión era tierra estatal;
l)
la Comunidad no goza de un título formal u otro instrumento de
reconocimiento de un derecho sobre la tierra donde vive y desarrolla sus
actividades culturales y de subsistencia, a pesar de que
lo ha solicitado por años al Estado.
Desde 1987 Nicaragua no ha otorgado titulación alguna a favor de
comunidades indígenas. La situación
de la Comunidad ha persistido a pesar de los esfuerzos realizados desde 1991
para lograr la demarcación y la titulación de su tierra tradicional. El Estado
ha sido negligente y arbitrario frente a las solicitudes de titulación de la
Comunidad;
m)
el principio del estoppel
impide que el Estado alegue que la Comunidad no tiene ningún reclamo legítimo
basado en la tenencia tradicional o histórica, ya que esa alegación es
contraria a las posiciones sostenidas por él ante la Comisión y ante la
Comunidad en varias oportunidades;
n)
para los pueblos indígenas, el acceso a un recurso judicial sencillo, rápido
y efectivo es de especial importancia en relación con el goce de sus derechos
humanos, dadas las condiciones de vulnerabilidad en que normalmente se
encuentran por razones históricas y por sus circunstancias sociales actuales.
En este caso, se violó el artículo 25 de la Convención en tres sentidos: la
demora injustificada de los procesos ante los tribunales; el rechazo de los
recursos interpuestos por la Comunidad, y el incumplimiento de la sentencia que
declaró inconstitucional la concesión; y
ñ)
el otorgamiento de la concesión a SOLCARSA y la omisión de la adopción
de medidas estatales que permitan garantizar los derechos de la Comunidad Awas
Tingni sobre la tierra y los recursos naturales, de acuerdo con sus patrones
tradicionales de uso y ocupación, violaron los artículos 1 y 2 de la Convención.
105.
Por su parte, en cuanto al artículo 25 de la Convención, el Estado alegó
que:
a)
no puede establecerse que en el derecho nicaragüense haya operado un
silencio legislativo que impida el reclamo del derecho reconocido por la
Constitución Política. Existe un marco legal
para conducir el proceso de titulación de las comunidades indígenas en el país,
ante el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA), que fue ignorado por
la Comunidad. Este marco jurídico
fue establecido por la Ley No.14, “Reforma a la Ley de Reforma Agraria” de
11 de enero de 1986. El Estado ha
titulado a 28 comunidades indígenas al amparo de esta ley. No consta en los
archivos del INRA solicitud alguna de titulación presentada por la Comunidad;
b)
no se ha negado el reconocimiento de un derecho en relación con el cual
simplemente no se han presentado solicitudes ante las autoridades nacionales. La
Comunidad Indígena Awas Tingni nunca presentó petición formal de titulación
ante los tribunales de justicia. No puede culparse a la Corte Suprema de
Justicia por no haber proveído un remedio judicial que nunca fue solicitado. Las
pretensiones de la Comunidad estaban todas relacionadas con la impugnación de
la concesión forestal otorgada a SOLCARSA;
c)
la Comunidad presentó una solicitud ambigua y oscura al Consejo Regional
de la RAAN para que le ayudase a llenar un vacío normativo supuestamente
existente en la materia. Con ello pretendió obviar los procedimientos de
titulación indígena, además de crear confusión o conflicto de competencias
entre las autoridades de la Administración Central y de los Gobiernos
Regionales de la Costa Atlántica;
d)
el 7 de noviembre de 1997 la Comunidad planteó un recurso de amparo ante
la Corte Suprema de Justicia aduciendo la responsabilidad estatal por el
silencio administrativo causado por la falta de resolución del Consejo Regional
de la RAAN, al desviar la atención de la cuestión fundamental, aduciendo que
la Comunidad no ha presentado petición alguna de titulación de sus supuestas
tierras ancestrales ante las autoridades competentes, lo cual equivale a
ausencia de pretensión procesal;
e)
la Comunidad ha obviado los procedimientos internos en el derecho nicaragüense,
reclama tierras que no son ancestrales y, mediante el mecanismo de la presión
judicial internacional, pretende que se desconozcan los intereses de terceros en
la zona;
f)
la Comunidad Awas Tingni ejerció deficientemente el derecho de petición
de titulación de tierras, considerando que lo hacía valer por el hecho de
impugnar la concesión forestal otorgada en las tierras que reclama:
1.
Cuando el procedimiento administrativo de otorgamiento de la concesión
forestal estaba aún pendiente de ser resuelto y las autoridades del MARENA
hicieron público, durante los días 17, 18 y 19 de mayo de 1995, el aviso de
dicha circunstancia, para que los terceros interesados pudieran oponerse, la
Comunidad se abstuvo de formular objeción alguna a dicho otorgamiento, convirtiéndolo
en un acto consentido.
2.
Una vez otorgada la concesión forestal a la empresa SOLCARSA, la
Comunidad no hizo uso del recurso de amparo dentro del plazo establecido en el
ordenamiento jurídico. Con esta grave omisión, absolutamente imputable a la
parte recurrente, perdió la posibilidad de que se revisaran judicialmente las
decisiones administrativas relacionadas con la concesión.
3.
La Comunidad impugnó negligentemente la resolución judicial que denegó
el amparo al que se refiere el punto anterior, mediante la interposición de
otro recurso de amparo por la vía de hecho, en el que omitió pedir la suspensión
del acto administrativo en el que se otorgaba la concesión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tuvo que limitarse
a conocer lo estrictamente planteado por el recurrente (principio de estricto
derecho en la revisión).
4.
Estando aún pendiente de resolución el recurso por la vía de hecho, la
Comunidad tampoco impugnó la concesión forestal por la vía del recurso de
inconstitucionalidad, teniendo la oportunidad de hacerlo. Esta es otra expresión
de ejercicio negligente de su derecho de petición. La Comunidad tuvo que
depender de la acción de un tercero para obtener lo que fue incapaz de obtener.
La obligación de agotar los recursos de la jurisdicción interna recae
exclusivamente en el peticionario, el cual no puede desligarse de su obligación
procesal por los recursos interpuestos por terceros;
5.
En cuanto a la petición de nulidad de la concesión forestal otorgada a
SOLCARSA, el sistema judicial nicaragüense demostró ser efectivo proveyendo el
remedio judicial solicitado, con la declaratoria de nulidad de dicha concesión.
Quienes no demostraron ser efectivos fueron los asesores de la Comunidad Awas
Tingni que no interpusieron ningún recurso de inconstitucionalidad en contra de
esta concesión, como sí lo hicieron algunos concejales del Consejo Regional de
la RAAN. Respecto al supuesto
cumplimiento tardío de la sentencia que declaró la nulidad de la concesión,
hay que tener en cuenta que el Estado solicitó a SOLCARSA la suspensión de la
concesión poco tiempo después de la expedición de dicha sentencia.
Adicionalmente, no hay claridad sobre la relevancia de este tema, toda vez que
el recurso que dio lugar a esa sentencia fue interpuesto por un tercero,
reclamando la inconstitucionalidad de una concesión otorgada en áreas que Awas
Tingni reclama, sin haber demostrado ancestralidad ni propiedad;
g)
el derecho de Awas Tingni a la titulación de las tierras no ancestrales
que ocupa estaría sujeto a lo que el Estado determine, previa consulta
a dicha Comunidad;
h)
la Comisión ha dicho que Nicaragua da la excusa de que no se ha titulado
a la Comunidad Awas Tingni porque el reclamo territorial presentado por esta última
es complejo. Sin embargo, no se ha
resuelto dicho reclamo porque Awas Tingni no ha demostrado reunir los requisitos
necesarios para fundamentar ese reclamo, en particular el de la ocupación
ancestral de las tierras ancestrales; e
i)
el Estado ha impulsado iniciativas importantes en materia de titulación
de las tierras comunales de las comunidades indígenas de la Costa Atlántica.
106.
El artículo 25 de la Convención señala que:
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la […] Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2.
Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso;
b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
107.
El artículo 1.1 de la Convención establece que
[l]os
Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
108.
Por su parte, el artículo 2 de la Convención determina que
[s]i
en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.
109.
La Comisión alega, como punto fundamental, la falta de reconocimiento
por parte de Nicaragua de los derechos de la Comunidad Awas Tingni, y más
concretamente, la ineficacia de los procedimientos establecidos en la legislación
para hacer efectivos estos derechos de las comunidades indígenas y la falta de
demarcación de las tierras poseídas por dicha Comunidad.
Agrega la Comisión que, pese a múltiples gestiones efectuadas por la
Comunidad, aún no ha logrado un reconocimiento estatal a la propiedad comunal
y, más aún, se ha visto perjudicada por una concesión maderera otorgada a una
compañía llamada SOLCARSA en las tierras ocupadas por esta comunidad.
110.
Por su parte, el Estado alega, básicamente, que la Comunidad tiene
pretensiones desproporcionadas, puesto que su posesión no tiene carácter
ancestral, que aspira a que se le titulen tierras que son también reclamadas
por otras comunidades indígenas de la Costa Atlántica de Nicaragua, y que
nunca ha presentado petición formal de titulación ante las autoridades
competentes. Asimismo, Nicaragua
sostiene que existe un marco legal que regula el procedimiento de titulación de
comunidades indígenas bajo la competencia del Instituto Nicaragüense de
Reforma Agraria (INRA). En cuanto a
la concesión para el aprovechamiento de madera otorgada a SOLCARSA, señala que
la Comunidad Awas Tingni no sufrió ningún perjuicio, ya que esta concesión no
se ejecutó y más bien fue declarada inconstitucional.
111.
La Corte ha señalado que el artículo 25 de la Convención ha
establecido, en términos amplios,
la
obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a
su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se
aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino
también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley.[1]
112.
Asimismo, la Corte ha reiterado que el derecho de toda persona a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el
sentido de la Convención”.[2]
113.
Además, la Corte ha señalado que
la
inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos
reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el
Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar.
En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta
con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente
admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se
ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario
para remediarla.[3]
114.
Este Tribunal ha afirmado, asimismo, que para que el Estado cumpla con lo
dispuesto en el citado artículo no basta con que los recursos existan
formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad.[4]
115.
En el presente caso, el análisis del artículo 25 de la Convención debe
hacerse desde dos perspectivas. En
primer lugar debe analizarse si existe o no un procedimiento para la titulación
de tierras que reúna las características ya señaladas y, en segundo lugar,
debe establecerse si los recursos de amparo presentados por miembros de la
Comunidad fueron resueltos de conformidad con dicho artículo 25.
116.
El artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua de 1995
establece que:
Son
principios de la nación nicaragüense, la libertad, la justicia, el respeto a
la dignidad de la persona humana, el pluralismo político, social y étnico, el
reconocimiento a las distintas formas de propiedad, la libre cooperación
internacional y el respeto a la libre autodeterminación.
[…]
El
Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los
derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución, y en especial
los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas
de organización social y administrar sus asuntos locales, así como mantener
las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute de
las mismas, todo de conformidad con la ley.
Para las comunidades de la Costa Atlántica, se establece el régimen de
autonomía en la [...] Constitución.
Las
diferentes formas de propiedad: pública, privada, asociativa, cooperativa y
comunitaria deberán ser garantizadas y estimuladas sin discriminación para
producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre funcionamiento deberán
cumplir una función social.
117.
Además, el artículo 89 de dicha Constitución señala que:
Las
Comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo nicaragüense
y como tal gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones.
Las
Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar
su identidad cultural en la unidad nacional; dotarse de sus propias formas de
organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus
tradiciones.
El
Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de la Comunidad
de la Costa Atlántica. Igualmente
reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras
comunales.
118.
Por su parte, el artículo 180 de la mencionada Constitución señala
que:
Las
Comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse
bajo las formas de organización social que correspondan a sus tradiciones históricas
y culturales.
El
Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus recursos naturales, la
efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre elección de sus
autoridades y representantes.
Asimismo
garantiza la preservación de sus culturas y lenguas, religiones y costumbres.
119.
La Ley No. 28 publicada el 30 de octubre de 1987 en La Gaceta No. 238,
Diario Oficial de la República de Nicaragua, regula el Estatuto de la Autonomía
de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.
Al respecto, establece que:
Arto.
4. Las Regiones en donde habitan
las Comunidades de la Costa Atlántica gozan, dentro de la unidad del Estado
Nicaragüense, de un Régimen de Autonomía que les garantiza el ejercicio
efectivo de sus derechos históricos y demás, consignados en la Constitución
Política.
[…]
Arto.
9. En la explotación racional de
los recursos mineros, forestales, pesqueros y otros recursos naturales de las
Regiones Autónomas, se reconocerán los derechos de propiedad sobre las tierras
comunales, y deberá beneficiar en justa proporción a sus habitantes mediante
acuerdos entre el Gobierno Regional y el Gobierno Central.
120.
El Decreto No. 16-96 de 23 de agosto de 1996, referente a la creación de
la Comisión Nacional para la Demarcación de las Tierras de las Comunidades Indígenas
en la Costa Atlántica determina que “el Estado reconoce las formas comunales
de propiedad de las tierras de las Comunidades en la Costa Atlántica”, y señala
que “se hace necesario establecer una instancia administrativa adecuada para
iniciar el proceso de demarcación de las tierras tradicionales de las
comunidades indígenas”. Con este
propósito, el decreto asigna a dicha comisión nacional, entre otras funciones,
las de identificar las tierras que tradicionalmente han ocupado las diferentes
comunidades indígenas, realizar un proceso de análisis geográfico que
determine las áreas comunales y las estatales, elaborar un proyecto de
demarcación y gestionar el financiamiento para dicho proyecto.
121.
Por su parte, la Ley No. 14 publicada el 13 de enero de 1986 en La Gaceta
No. 8, Diario Oficial de la República de Nicaragua, llamada “Reforma a la Ley
de Reforma Agraria”, establece en su artículo 31 que:
El
Estado dispondrá de las tierras necesarias para las comunidades miskitas,
Sumos, Ramas y demás etnias del Atlántico de Nicaragua, con el propósito de
elevar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la [N]ación.
122.
Con base en lo anterior, la Corte considera evidente la existencia de una
normativa que reconoce y protege la propiedad comunal indígena en Nicaragua.
123.
Ahora bien, pareciera que el procedimiento para la titulación de tierras
ocupadas por grupos indígenas no está claramente regulado en la legislación
nicaragüense. Según el Estado, el
marco jurídico para conducir el proceso de titulación de las comunidades indígenas
en el país es el establecido en la Ley No. 14, “Reforma a la Ley de Reforma
Agraria”, y dicho proceso debe adelantarse ante el Instituto Nicaragüense de
Reforma Agraria (INRA). La Ley No.
14 establece los procedimientos para garantizar la propiedad de la tierra a
todos aquellos que la trabajan productiva y eficientemente, después de disponer que pueden declararse “afectas” a la reforma agraria las
propiedades en abandono, ociosas, deficientemente explotadas, las tierras dadas
en arriendo o cedidas bajo cualquier otra forma de modalidad, las tierras que no
están siendo trabajadas directamente por sus dueños, sino por campesinos en
mediería, aparcería, colonato, precarismo u otras formas de explotación
campesina, y las tierras que están siendo trabajadas por cooperativas o
campesinos organizados bajo cualquier otra modalidad asociativa.
Sin embargo, considera esta Corte que dicha Ley No. 14 no establece un
procedimiento específico para la demarcación y la titulación de las tierras
ocupadas por comunidades indígenas, atendiendo a sus características
particulares.
124.
También del resto del acervo probatorio del presente caso se desprende
que el Estado no dispone de un procedimiento específico para la titulación de
la tierra comunal indígena. Varios
de los testigos y peritos (Marco Antonio Centeno Caffarena, Galio Claudio
Enrique Gurdián Gurdián, Brooklyn Rivera Bryan, Charles Rice Hale, Lottie
Marie Cunningham de Aguirre, Roque de Jesús Roldán Ortega) que comparecieron
ante la Corte en la audiencia pública sobre el fondo del presente caso (supra
párrs. 62 y 83), manifestaron que en Nicaragua hay un desconocimiento general,
una incertidumbre de qué debe hacerse y ante quién debe gestionarse una petición
de demarcación y de titulación.
125.
Además, en el documento de marzo de 1998, titulado “Diagnóstico
general sobre la tenencia de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa
Atlántica”, realizado por el Central
American and Caribbean Research Council, y aportado por el Estado en el
presente caso (supra párrs. 64, 65, 80 y 96), se reconoce, en su Marco General,
“[…]la ausencia de una legislación que asigne al INRA las facultades específicas
para titular las tierras comunales indígenas” y se señala que es posible que
la existencia de “ambigüedades legales haya […] contribuido a la marcada
lentitud de la respuesta del INRA a las demandas indígenas por la titulación
comunal”. Dicho diagnóstico
agrega que
[…]existe
una incompatibilidad entre las leyes específicas de Reforma Agraria sobre la
cuestión de la tierra indígena y el ordenamiento legal del país.
Ese problema implica confusión legal y conceptual, y contribuye a la
ineficacia política de las instituciones encargadas de resolver este tema.
[…]
[…]en
Nicaragua el problema es que no existen leyes que permitan concretar los
principios constitucionales, o [que] cuando existen las leyes (caso de la Ley de
Autonomía) no ha habido suficiente voluntad política para lograr su
reglamentación.
[…]
[Nicaragua]
carece de una clara delimitación legal sobre el estatus de las tierras
nacionales en relación con las tierras comunales indígenas.
[…]
[…]
más allá de la relación entre tierra nacional y comunal, el concepto mismo de
tierra comunal indígena adolece de una definición clara.
126.
Por otra parte, está probado que desde 1990 no se han titulado tierras a
comunidades indígenas (supra párr. 103.s).
127.
En razón de lo expuesto, esta Corte considera que en Nicaragua no existe
un procedimiento efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras
comunales indígenas.
128.
Debido a la ausencia de legislación específica y efectiva para el
ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas y al hecho de que el
Estado ha dispuesto de las tierras ocupadas por comunidades indígenas mediante
el otorgamiento de una concesión, el “Diagnóstico general sobre la tenencia
de la tierra en las comunidades indígenas de la Costa Atlántica” realizado
por el Central American and Caribbean Research Council, señala que “se
ha recurrido en varias ocasiones al ‘recurso de amparo’, alegando que una
concesión estatal (normalmente a una empresa maderera) interfiere con los
derechos comunales de determinada comunidad indígena”.
129.
Está probado que la Comunidad Awas Tingni han realizado diversas
gestiones ante varias autoridades nicaragüenses (supra
párrs. 103.ñ, o, p, r), a saber:
1.
el 11 de julio de 1995 presentó una carta al Ministro del MARENA,
mediante la cual solicitó que no se avanzara en el otorgamiento de la concesión
a la empresa SOLCARSA sin que hubiera un acuerdo con la Comunidad;
2.
en marzo de 1996 presentó una solicitud ante el Consejo Regional de la
RAAN, con el propósito de que se le aseguraran los derechos de propiedad sobre
sus tierras comunales ancestrales, de acuerdo con la Constitución Política de
Nicaragua, y de que el Consejo Regional de la RAAN impidiera el otorgamiento de
concesiones para el aprovechamiento de los recursos naturales dentro del área
sin el consentimiento de la Comunidad. Esta
última presentó varias propuestas con el fin de que delimitaran y reconocieran
oficialmente sus tierras comunales y se identificaran las tierras estatales en
el área;
3.
el 11 de septiembre de 1995 interpuso un recurso de amparo ante el
Tribunal de Apelaciones de Matagalpa, mediante el cual solicitó que se
suspendiera el “proceso de otorgamiento de la concesión solicitada al MARENA
por SOLCARSA” y que ordenara “a los agentes de SOLCARSA […] desalojar las
tierras comunales de Awas Tingni[,] donde actualmente adelantan trabajos
tendientes a iniciar la explotación de madera”, en virtud de que las acciones
y omisiones impugnadas “constitu[ían] violaciones de los artículos 5, 46, 89
y 180 de la Constitución Política de Nicaragua, l[o]s cuales en su conjunto
garantizan los derechos de propiedad y de uso de las comunidades indígenas
sobre sus tierras comunales”. El
19 de septiembre de 1995 la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la
Sexta Región de Matagalpa declaró inadmisible “por improcedente” este
recurso;
4.
el 21 de septiembre de 1995 interpuso un recurso de amparo por la vía de
hecho ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar la resolución a que hace
referencia el párrafo anterior. El 27 de febrero de 1997 la Corte Suprema declaró sin lugar
ese recurso; y
5.
el 7 de noviembre de 1997 presentó un recurso de amparo ante la Sala de
lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la Sexta Región de Matagalpa, en contra
del Ministro del MARENA, del Director General del Servicio Forestal Nacional del
MARENA, y de los miembros de la Junta Directiva
del Consejo Regional de la RAAN durante los períodos 1994-1996 y
1996-1998, mediante el cual solicitó, básicamente, que se declarara nula la
concesión a SOLCARSA y se ordenara a la Junta Directiva del Consejo Regional de
la RAAN que diera trámite a la solicitud presentada en marzo de 1996 con el fin
de que “impulsar[a] un proceso para lograr el reconocimiento y [c]ertificación
oficial de los derechos de propiedad de la Comunidad sobre sus tierras
ancestrales”. El 12 de noviembre
de 1997 este recurso fue admitido por dicha Sala, la cual emplazó a las partes
para que se apersonaran ante la Corte Suprema de Justicia.
El 14 de octubre de 1998 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia declaró “improcedente por extemporáneo el recurso de amparo”.
130.
Además de dichas gestiones, el 29 de marzo de 1996 los señores Alfonso
Smith Warman y Humberto Thompson Sang, miembros del Consejo Regional de la RAAN,
interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa,
en contra del Ministro del MARENA y del Director de la Administración Forestal
Nacional del MARENA, por haber “firmado y avalado” la concesión forestal a
SOLCARSA sin que ésta hubiera sido discutida y evaluada en el pleno del Consejo
Regional de la RAAN, en violación del artículo 181 de la Constitución Política
de Nicaragua. El 9 de abril de 1996
la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa admitió el recurso de
amparo interpuesto, ordenó ponerlo en conocimiento del Procurador General de la
República, denegó la solicitud de suspensión del acto impugnado, lo remitió
a la Corte Suprema de Justicia, previno a los funcionarios recurridos que
enviaran un informe escrito sobre lo actuado a la Corte Suprema de Justicia y
emplazó a las partes para que se apersonaran ante la Corte Suprema para hacer
uso de sus derechos. El 27 de
febrero de 1997 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto y resolvió que la concesión
era inconstitucional ya que no fue aprobada por el Consejo Regional de la RAAN
sino por la Junta Directiva del mismo y por el Coordinador Regional de la RAAN.
El 22 de enero de 1998 Humberto Thompson Sang
presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua,
mediante el cual solicitó la ejecución de la Sentencia No. 12 dictada el 27 de
febrero de 1997. El 13 de febrero
de 1998 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una
resolución mediante la cual ordenó poner en conocimiento del Presidente de
Nicaragua el incumplimiento de la Sentencia No. 12 de 27 de febrero de 1997 por
parte del Ministro del MARENA, con el fin de que ordenara a este último el
debido cumplimiento de la misma y, además, informa a la Asamblea Nacional de
Nicaragua al respecto (supra párr.
103. q).
131.
En el marco del examen de los recursos sencillos, rápidos y efectivos
que contempla la disposición en estudio, esta Corte ha sostenido que la
institución procesal del amparo reúne las características necesarias para la
tutela efectiva de los derechos fundamentales[5],
esto es, la de ser sencilla y breve. En el contexto nicaragüense, de
conformidad con el procedimiento establecido para los recursos de amparo en la
Ley No. 49 publicada en la Gaceta No. 241 de 1988, llamada “Ley de Amparo”,
éste debe ser resuelto dentro de 45 días.
132.
En el presente caso, el primer recurso de amparo fue interpuesto ante el
Tribunal de Apelaciones de Matagalpa el 11 de septiembre de 1995 y resuelto
mediante decisión judicial del 19 de los mismos mes y año, es decir, ocho días
después. Debido a que el trámite
a dicho recurso fue denegado, el 21 de septiembre de 1995 los representantes de
la Comunidad interpusieron un recurso de hecho ante la Corte Suprema de
Justicia, tal y como lo estipula el artículo 25 de la Ley de Amparo.
El 27 de febrero de 1997 la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar
este recurso. La Corte
Interamericana observa que la primera de las aludidas resoluciones judiciales
fue dictada dentro de un plazo razonable. Sin
embargo, en la tramitación del recurso interpuesto mediante la vía de hecho,
transcurrió un año, cinco meses y seis días antes de que éste fuera resuelto
por la Corte Suprema de Justicia.
133.
El segundo recurso de amparo fue interpuesto ante la Sala de lo Civil del
Tribunal de Apelaciones de la Sexta Región de Matagalpa el 7 de noviembre de
1997, admitido por ésta el 12 de los mismos mes y año, y resuelto por la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el 14 de octubre de 1998.
Es decir, transcurrieron 11 meses y siete días desde la interposición
del recurso hasta que fuera resuelto.
134.
En razón de los criterios establecidos en la materia por esta Corte y en
consideración de los alcances de la razonabilidad del plazo en procesos
judiciales[6],
puede afirmarse que el procedimiento que se siguió ante las diversas instancias
que conocieron de los amparos en este caso desconoció el principio de plazo
razonable consagrado en la Convención Americana. De acuerdo con los criterios
de este Tribunal, los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos, si
en la adopción de la decisión sobre éstos incurre en un retardo
injustificado.[7]
135.
Además, la Corte ya ha dicho que el artículo 25 de la Convención se
encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la
misma, que atribuye funciones de protección al derecho interno de los Estados
Partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad de diseñar
y consagrar normativamente un recurso eficaz, así como la de asegurar la debida
aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales.[8]
136.
En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que
[e]l
deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción
de medidas en dos vertientes. Por
una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que
entrañen violación a las garantías previstas en la Convención.
Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas
conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.[9]
137.
Como ya fue señalado, en este caso Nicaragua no ha adoptado las medidas
adecuadas de derecho interno que permitan la delimitación, demarcación y la
titulación de las tierras de comunidades indígenas y no se ciñó a un plazo
razonable para la tramitación de los recursos de amparo interpuestos por los
miembros de la Comunidad Awas Tingni.
138.
La Corte considera que es necesario hacer efectivos los derechos
reconocidos en la Constitución Política y en la legislación nicaragüense, de
conformidad con la Convención Americana. En
consecuencia, el Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con
el artículo 2 de la Convención Americana, las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un
mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de la propiedad
de los miembros de la Comunidad Mayagna Awas Tingni, acorde con el derecho
consuetudinario, valores, usos y costumbres de ésta.
139.
Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el artículo
25 de la Convención Americana, en perjuicio de los miembros de la Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la
Convención.
NOTAS:
