por Dra. Teodora ZAMUDIO y
equipo de Docencia e Investigación

  

2. Modelo colombiano

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La Constitución Política de la República de Colombia de 1991 en el artículo 7 expresa que El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

El reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena y de una Jurisdicción Indígena esta plasmado en el  Título VIII, De la Rama Judicial, Capítulo V, De las Jurisdicciones Especiales, en el artículo 246 se establece que: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. Este reconocimiento se da en tres dimensiones:

ü     La primera es la de la normatividad, tanto de forma como de fondo, lo cual no sólo implica la legislación vigente sino además la que pudiera dictarse en el futuro.

ü     La segunda es la institucionalidad que incluye tanto a las autoridades indígenas como a todo sistema institucional interno, sus procedimientos de constitución y designación de autoridades.

ü     La tercera es la jurisdicción que implica las funciones de administración y aplicación de las normas comunitarias a conflictos y realidades específicas.

Esta fórmula es la adoptada en los cuatro sistemas de los Países Andinos en estudio, con una similar extensión. Existiendo una realidad de diversidad étnica y cultural, el Estado la reconoce y la protege. Se encuentran diferencias de tratamiento con otros plexos normativos, en los cuales los estados se autodefinen como multiétnicos y/o pluriculturales. En el caso colombiano existe un accionar estatal que lleva al reconocimiento primero y a la protección después.

El derecho subjetivo reconocido en  la Constitución colombiana es el de  ejercer funciones jurisdiccionales  y de aplicar sus propias normas y procedimientos. El sujeto titular del derecho reconocido son los pueblos indígenas colombianos, entorno a la pluralidad jurídica y al ejercicio de la administración de justicia.

La competencia territorial se extiende al ámbito territorial de cada pueblo indígena o “resguardo”. La competencia material no está delimitada y se deja librada a las normas internas por lo que se entiende que se extiende a todas las materias. En relación competencia personal, la norma fundamental no establece si la misma rige sólo para indígenas o para todas las personas que se encuentren en territorio indígena. Por lo tanto, al fijar la norma sólo la competencia territorial, puede entenderse que la misma se extiende dentro de ese territorio a todas las personas y en todas las materias. El limite al  ejercicio jurisdiccional esta fijado en cuanto sus  normas internas  y sus procedimientos no pueden ser contrarios a la Constitución y leyes de la República[1].


NOTAS:

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[1] En Colombia la interpretación de cada caso está en manos de la Corte Constitucional, la cual es conocida por sus amplios criterios y como precursora en la coordinación y aplicación del derecho indígena.  Ver fallos en sección Jurisprudencia

 

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 Dra. Teodora ZAMUDIO