por Dra. Teodora ZAMUDIO y
equipo de Docencia e Investigación

  

Río Negro

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Constitución provincial  (1988)

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Vigentes
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Ley 2230

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Ley 2233

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Ley 2287

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Ley 2353

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Ley 2553

bullet Decreto 310/1998
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Ley 3452

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Ley 3468

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Individuales, modificatorias o sin eficacia
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Ley 2180

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Ley 2200

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Ley 2297

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Ley 2465

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Ley 2641

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Ley 3193

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Derogada
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Ley 1968

 

Vigentes

Ley 2230

Sancionada: 01/09/88. Promulgada: 07/09/88. Decreto 2096. Boletin oficial: numero 2600

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo  1o.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación  el inmueble denominado "Estancia Huanu Luan",  con una  superficie de 39.845 Has.,  86 áreas, 2 cas., 60 dm2.,  ubicado  en  parte de los lotes 15- 16- 24- 25-  26- 27- 34- 35 y 36  de  la sección VIII,  del Departamento 25  de Mayo de la Provincia  de Río Negro,  que según mensura del  agrimensor P.  Gorostiaga de diciembre de 1891,  tiene forma de cuadrado con 20.000  metros de lado y de la superficie  resultante  se deducen  154  Has.,  13 as.,  97 cas., 40 dm2.,  que hoy pertenecen a Ferrocarriles Argentinos.

Artículo  2o.- El inmueble tendrá por objeto su  colonización, iniciando  un proceso de reestructuración  fundiaria.

Artículo 3o.-  Los adjudicatarios  serán minifundistas  de  la zona  que  demuestren conocimiento e  idoneidad para la explotación  ganadera  ovina,  prioritando  a  quienes tengan origen indígena, en un todo de  conformidad con las directivas administrativas  que establezca para el caso en particular la Dirección General de Tierras y Colonias.

Artículo  4o.- Los beneficiarios del artículo anterior,  deberán  renunciar a sus predios originales a favor de la Dirección  General de Tierras y Colonias,  que readjudicará a pobladores linderos minifundistas.

Artículo  5o.- El sujeto expropiante será el Poder  Ejecutivo, Provincial imputando los gastos  que demande la presente ley a Rentas Generales.

Artículo  6o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

Ley 2233

Sancionada: 01/09/88. Promulgada: 07/09/88 - Decreto Numero 2099. Boletín Oficial: Numero 2600

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1o.- Derógase el texto de la Ley 1968/85.

Artículo 2o.- Créase la Comisión de Estudio del Problema Indígena de la Provincia de Río Negro.

Artículo 3o.- La Comisión creada por el Artículo 2o.-,  estará integrada  por Cinco (5) miembros de la Legislatura,  un representante  de  cada una de las siguientes  áreas del Poder Ejecutivo:   Tierras,  Cooperativas,  Trabajo,   Salud,  Educación, Asuntos Indígenas y dos (2) miembros del Consejo Asesor Indígena.

Artículo 4o.- La Comisión tendrá por objeto proponer todas las medidas conducentes a superar las condiciones de marginación social y económicas,  rescatar,  proyectar y desarrollar los valores propios de los pobladores indígenas,  para que puedan participar   de  esta sociedad con el aporte  de  su cultura,  recibir  los  beneficios de la técnica y la  ciencia que le sean necesarios y decidir sobre su propio destino.

Artículo 5o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

Ley 2287

Sancionada: 15/12/88 Promulgada: 22/12/88 - Decreto 2924 Boletín Oficial: numero 2628

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Capitulo I. De los principios generales.-

Artículo 1.-Esta Ley tiene por objeto el tratamiento integral de  la situación jurídica,  económica y  social, individual y colectiva de la población indígena,  reconocer y garantizar la  existencia institucional de las comunidades  y sus organizaciones,   así como  el derecho a la autodeterminación dentro del  marco  constitucional,  implicando  un  real respeto por sus  tradiciones,  creencias y actuales formas de vida.-

Artículo 2.- Entiéndese como población indígena a los   miembros de las comunidades,  concentradas y dispersas,  autóctonas  o de probada antigüedad de asentamiento  en el territorio  de  la Provincia,  cuyas formas de vida  estén regidas total  o  parcialmente por sus propias  costumbres  y tradiciones.   Se  considera "indio mapuche",  a  todo  aquel individuo que,   independientemente de su lugar de residencia habitual se defina  como   tal,  y sea reconocido por la  familia,  asentamiento  o comunidad a que pertenezca en   virtud de los mecanismos  que el pueblo mapuche instrumente para su reconocimiento.

Artículo 3.- Se  entiende como Comunidad Indígena al conjunto de  familias que se reconozca como tal con identidad,  cultura y organización social propia;  conserven normas y valores  de  su tradición;  hablen o hayan hablado  una lengua autóctona; convivan en un habitat común,  en asentamientos nucleados  o  dispersos;  o a las familias  indígenas que se reagrupen en comunidades de las mismas características para acogerse a los beneficios de esta Ley.-

Artículo 4.- Las   autoridades   de las comunidades indígenas participarán  en las acciones que le incumban en forma directa  y  dentro de las limitaciones de  sus  propias comunidades,   pudiendo peticionar y gestionar ante las autoridades,  administrar y controlar los bienes comunes,  adquirir bienes comunes  para la comunidad y ejecutar por sí o por terceros,  las obras necesarias para el desarrollo individual o colectivo de  sus  miembros.  Todo ello sujeto a las  reglamentaciones y  determinaciones,  que a tal efecto establezcan la mayoría de los miembros de su comunidad.

Artículo 5.- Las comunidades indígenas deberán inscribirse en un Registro Especial a crearse;  los trámites de inscripción se  realizarán con la sola presentación de la solicitud por parte  del  jefe o responsable de  la  comunidad. Dicha presentación deberá estar avalada por la mayoría de sus miembros y los del Consejo Asesor Indígena, debiendo constar en ella el nombre  y el domicilio de la comunidad,   miembros que la integran,  las  pautas de su organización  interna  y antecedentes que  puedan  acreditar  su existencia  en   la Provincia.-

Capitulo II. De la autoridad de aplicacion

Artículo 6.- Reconócese   la   existencia  del Consejo Asesor Indígena,   con  sede  en  Ingeniero Jacobacci, compuesto por  delegados  electos de  comunidades  indígenas, asociaciones rurales  y urbanas de la Provincia de Río Negro, el que actuará  en forma conjunta con el Gobierno Provincial, para bregar por  la aplicación de la presente ley,  sin  perjuicio de la autonomía  que le corresponde como auténtico órgano representativo  de la población indígena rionegrina, debiendo asegurar la libre participación de la misma

Artículo 7.- Créase   el   Consejo   de    Desarrollo de las Comunidades Indígenas que actuará como Autoridad de Aplicación  de la presente ley,  con carácter consultivo y resolutivo.  El  mismo estará integrado por un Consejo Ejecutivo de tres (3) representantes del Consejo Asesor Indígena y dos (2) del Poder  Ejecutivo;   y un (1)  Consejo  Consultivo compuesto por  siete  (7) representantes del  Consejo  Asesor Indígena y siete  (7)  delegados del Poder Ejecutivo  en  sus distintas áreas  de  gobierno.  El Poder Ejecutivo  designará Presidente del  Consejo Ejecutivo a uno de los tres representantes elegidos por el Consejo Asesor Indígena.

Artículo 8.- Los   representantes del Consejo Asesor Indígena al Consejo de Desarrollo serán designados por el Poder Ejecutivo conforme a la nómina elegida por voto secreto y facultativo  de los miembros de la comunidad,  previo censo de la misma,   que llevarán  a cabo las autoridades  respectivas,  conjuntamente  con la Junta Electoral Provincial,  conforme la reglamentación  que fije el órgano de aplicación  de esta ley,  en  el término  de noventa (90) días a partir de su designación,   debiendo asegurar los principios  democráticos de representación.   Los representantes de la comunidad deberán ser mayores de edad.-

Artículo 9.- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:

a)      Formular y aplicar políticas,  planes y programas en orden a  los  recursos que disponga,  que tiendan al  desarrollo integral  de  las comunidades indígenas,  promoviendo  la activa participación de sus miembros.-

b)      Ejecutar  programas coordinados y sistemáticos,  que tiendan  a promover el nivel productivo y económico,  así como la  prestación de servicios a las comunidades indígenas en función de los objetivos propuestos.-

c)      Coordinar  con otros organismos nacionales e internacionales públicos y privados, de la misma naturaleza.-

d)      Atender  las relaciones con entidades o agrupaciones dedicadas  a  la actividad de prestar apoyo a las  comunidades indígenas.-

e)      Solicitar la adhesión de los Municipios a la presente Ley, a los efectos de que los mismos presten su apoyo y colaboración  a  las mencionadas comunidades a fin de lograr  la plena  participación  en el desarrollo económico social  y cultural  de la Provincia,  y para bregar por el fiel cumplimiento de los principios consagrados  en esta Ley.-

Artículo 10.- El   Consejo   de Desarrollo de las Comunidades Indígenas  arbitrará los medios que faciliten la tramitación,  administración y cumplimiento de lo  requerido por las nuevas  formas de asociación.  Por ello créase en  su jurisdicción el Registro Provincial de Comunidades,  donde se inscriban las mismas en todo de acuerdo con lo establecido en
el artículo anterior.

Capitulo III. De la propiedad de la tierra.-

Artículo 11.- Dispónese    la adjudicación en propiedad de la tierra  cuya actual posesión detentan los pobladores y/o comunidades indígenas existentes en la Provincia.-

Artículo 12.- La  autoridad de aplicación de la presente Ley, coordinadamente  con la Dirección de  Tierras de la Provincia efectuará  las  investigaciones en  relación  al cumplimiento de  lo dispuesto por la Ley de Tierras,  las leyes vigentes de  creación de  Reservas,  y los derechos vinculados a la tradicional  posesión previos a la  provincialización.  En caso de detectar anormalidades arbitrará los medios para realizar las gestiones judiciales correspondientes.

Artículo 13.- En   los  casos que luego del análisis a que se hace  referencia en el artículo anterior se  detectaran situaciones  de lesión enorme o subjetiva,   usurpación u otros vicios  de la posesión y/o adquisición del dominio en perjuicio  de las comunidades  indígenas y/o sus pobladores,  el órgano de aplicación dará intervención a la Fiscalía de Estado  a  los fines de la promoción inmediata de las acciones judiciales  y/o  administrativas que correspondan,  y cuando fuera necesario  se solicitará al Poder Legislativo el uso del mecanismo de la expropiación.-

Artículo 14.- Las mensuras que se realicen en función de esta Ley por la Dirección de Tierras serán gratuitas.-

Artículo 15.- Cuando   las   tierras    sean insuficientes se proveerá la adjudicación de otras aptas,  preferentemente próximas  a las actuales,  o al asentamiento de la
comunidad en sitio distinto.- El consentimiento libre y expreso de las comunidades indígenas  deberá ser tenido en cuenta para su  asentamiento en sitios distintos a su lugar habitual.-

Artículo 16.- El   Estado   proveerá    en el caso de tierras insuficientes  la  consecuente  expropiación  de tierras aptas de propiedad privada y/o gestionará la transferencia de tierras fiscales de la Provincia.-

Artículo 17.- Cuando  los recursos para la subsistencia de la comunidad del lugar,  se limiten por propio crecimiento demográfico  o por causas ajenas a la misma,  el Estado Provincial  queda  autorizado a anexar nuevas tierras  o adjudicar otras en términos de los artículos 15 y 16.-

Artículo 18.- Las   tierras   transferidas  lo serán bajo las condiciones  del  artículo 66 de la Ley 279,  y serán libres de  todo gravámen a partir de la traslación  del dominio,  por el término de diez (10) años.-

Artículo 19.- En todos los    títulos   de   propiedad que se otorguen  de  conformidad con esta  deberán insertarse bajo  pena  de insanable nulidad,  las  siguientes
claúsulas especiales:

a) La  prohibición de constituir derecho real alguno sobre el mismo  con excepción de los  que garanticen créditos de fomento   con   intervención  favorable    del   órgano   de  aplicación.-

b) El  compromiso del adjudicatario antes de saldar la  deuda    bajo  pena  de resolución del dominio y de pleno  derecho, de  constituir  en indivisión forzosa la unidad  económica imponiéndola  a todos sus herederos hasta q ue alcancen  la mayoría  de edad o en su defecto por un plazo de diez (10) años a contar desde su fallecimiento.
c) Un pacto de preferencia,  según lo previsto por el Artículo  1368  del Código Civil,  en cuya virtud el titular  de    dominio  estará obligado,  en caso de querer proceder a la venta de su propiedad,  a notificar al Gobierno de la Provincia de Río Negro por intermedio de la Dirección General de Tierras y Colonias,  a fin de que pueda hacer uso de su facultad de preferencia,  bajo apercibimiento de revocabilidad  del  título del dominio a favor del Estado  Provincial.

d) Los  contratos de venta,  sin perjuicio de las otras limitaciones  que fija la ley,  insertarán una cláusula  inembargabilidad del predio por el término de cinco (5) años a partir  de la fecha de transferencia después de  cancelada la deuda.

Artículo 20.- En los casos en que el Estado Provincial ejerza el  pacto de preferencia dará prioridad para la nueva adquisición a miembros de la comunidad indígena.-

Artículo 21.-Los titulares del dominio sólo podrán transferir las  tierras a Entes Nacionales, Provinciales o Municipales,   para  la ejecución de obras de  servicio,  de infraestructura,  y equipamiento para las comunidades indígenas,  toda vez que resulte de interés para las mismas.-

Artículo 22.-El traspaso de la propiedad de la tierra, deberá hacerse en todos los casos,  respetando las costumbres de estas  poblaciones y la legislación vigente en  la
materia,  brindando  los  medios económicos  y  asistenciales necesarios de  manera que puedan afianzar sus derechos  sobre la misma,  y realizar una real defensa de sus intereses.-

Artículo 23.- El Poder Ejecutivo garantizará    conjuntamente con  la adjudicación de tierras,  la aplicación de programas agropecuarios,   forestales,   mineros e  industriales,  en cualquiera  de sus especialidades con la  debida prestación de asesoramiento  técnico  y capacitación para  la organización cooperativista de las actividades.  Tal asesoramiento deberá tener  en cuenta las costumbres y técnicas propias de los indígenas, complementándolas con adelantos tecnológicos y científicos.-

Capitulo IV. De educacion y cultura

Artículo 24.- El   Estado   Provincial dispondrá de recursos especiales para la efectiva prestación del servicio educativo  en las zonas rurales desfavorables que habitan las comunidades indígenas a fin de garantizar la adquisición de los conocimientos que permitan la participación igualitaria de los indígenas en la sociedad Nacional.-

Artículo 25.- El   Consejo Provincial de Educación coordinará con  la autoridad de aplicación de la  presente ley,  las medidas necesarias para la realización de programaciones específicas,  la elaboración de contenidos,  la orientación de las escuelas de comunidades indígenas,  promoviendo la participación y la dignificación de la población.-

Artículo 26.- La  autoridad de aplicación de la presente ley,  promoverá la participación de los pobladores en los Consejos Escolares,   establecidos por el artículo 65  de la Constitución Provincial.-

Artículo 27.- Se  incorporará a los diseños curriculares para cada  nivel área y modalidad contenidos referidos a la Historia y Cultura,  en sus expresiones anteriores y actuales de los  pueblos  indígenas americanos  con  especial énfasis en los pueblos de nuestro territorio,  valorizando su participación en los procesos históricos.-

Artículo 28.- Los planes que instrumente  el   Consejo   Provincial de Educación resguardarán y revalorizarán la identidad  histórica-cultural,  tradiciones,   costumbres,  creencias y lengua de los pueblos.

Artículo 29.- Se   asegurará   que   los    miembros de estas comunidades  tengan acceso a la educación,   en todos los niveles  implementando  en el área de educación  un sistema  de becas  en  tal sentido y dando prioridad  para  el acceso a las Residencias escolares de nivel medio y terciario de ambos sexos, aldeas, escuelas itinerantes   o   a distancia.-

Artículo 30.- La autoridad de aplicación a través del Consejo  Provincial  de Educación y/o las organizaciones comunitarias deberán  asegurar alternativas de educación permanente.

Artículo 31.- Se   dispondrá   del número   de horas de clase necesarias y posibles en aquellos lugares donde existan indígenas  que hablen su lengua y deseen transmitirla a sus descendientes,  asimismo sus pautas culturales,  historia y tradiciones. Para  ello se promoverá el intercambio cultural y capacitación  de los indígenas para transmitir su  cultura y tradiciones,  garantizando  la recopilación de datos culturales e históricos a través de los propios indígenas.

Artículo 32.- Se   prohibe   la   utilización   y difusión de materiales  didácticos e informativos que atenten contra la dignidad cultural  e histórica de  los  pueblos indígenas.

Artículo 33.- La    orientación artesanal se desarrollará sin menoscabo  del  patrimonio cultural  de  dichas comunidades,  alentando  la promoción de sus valores artísticos y sus formas de expresión.

Artículo 34.- Se   adoptarán   las    medidas adecuadas a las características  sociales y culturales de estas comunidades a fin de garantizar a los educandos el real conocimiento de sus  derechos y obligaciones,  especialmente respecto del trabajo y los servicios sociales.

Artículo 35.- La autoridad de aplicación de  la presente Ley, coordinará  con el Consejo Provincial de Educación las acciones  conducentes  a la construcción  de  nuevos establecimientos  escolares  en  las  comunidades  indígenas, donde no los hubiere y a la  adecuación de los existentes,  en la medida que las posibilidades presupuestarias los permitan.

Capitulo V. De la seguridad social, el trabajo y la salud

Artículo 36.- La   autoridad de aplicación de la presente Ley coordinará con los poderes del Estado la elaboración de un proyecto  que contemple el derecho a la  jubilación ordinaria,   y a la pensión automática para casos de indigencia comprobada de este sector.

Artículo 37.- El   Instituto   Provincial del Seguro de Salud (I.PRO.S.S.)  conjuntamente con la autoridad de aplicación,  arbitrará  los medios necesarios para la progresiva incorporación  a ese servicio de grupos familiares indigentes,  realizando previamente los estudios pertinentes.

Artículo 38.- La  autoridad de aplicación en coordinación con las  áreas de gobierno, Trabajo y Asuntos  Sociales,  propondrá  a  la Legislatura de la Provincia de  Río Negro,  en materia  laboral,  medidas con carácter de  excepción que garanticen  la no discriminación y explotación laboral del indígena   y  aseguren  los   plenos   derechos   del trabajador.-

Artículo 39.- Cuando el Estado Provincial por administración propia  o por terceros,  ejecutare obras o realizare servicios  en estas comunidades o en sus áreas de  influencia que requieran  la  incorporación  de mano  de  obra, dará prioridad a trabajadores de la zona.-

Artículo 40.- Cuando las obras o prestaciones de servicios en estas  comunidades se realicen por terceros, la Provincia incluirá en las claúsulas licitatorias la prioridad
para la incorporación  de esta mano de obra.-

Artículo 41.- El   Estado   proveerá   de   asistencia legal, intérpretes  y otros medios en todos los trámites judiciales  y/o administrativos que realicen los  beneficiarios de esta Ley.-

Artículo 42.- El Consejo promoverá la integración cooperativa en  todos los niveles:  producción,  concentración,  comercialización  e  industrialización,  como  sistema adecuado para la diversificación productiva y el mejoramiento socio-económico de la población indígena.  A ese efecto coordinará acciones  con la Dirección de Cooperativas de la  Provincia,  y otros  organismos  nacionales  competentes  en  la materia.-

Artículo 43.- El Consejo Provincial de Salud Pública,  deberá crear  unidades  sanitarias en las  comunidades indígenas,  que  carezcan  de tales servicios y  adecuar  las existentes,  tomando  las medidas necesarias  para  priorizar dicha acción.   Dispondrá asimismo,  la formación de  agentes sanitarios pertenecientes a la misma comunidad.-

Artículo 44.- La   autoridad de aplicación de la presente Ley impulsará  coordinadamente con el Consejo  Provincial de Salud,    el   funcionamiento  de   los   Consejos
Hospitalarios.-

Artículo 45.- La autoridad de aplicación habrá de formular en conjunto  con  el Consejo Provincial de  Salud, los planes,  programas  y  acciones en materia de salud,  de acuerdo a las prioridades de la comunidad indígena.-

Capitulo VI. De la vivienda

Artículo 46.- El   Estado   Provincial    afectará   recursos especiales para la construcción de viviendas de acuerdo a las necesidades que se determinen en conjunto,  por la autoridad de  aplicación  de  esta Ley  y  los  organismos competentes.-

Artículo 47.- Los    planes de viviendas para las comunidades indígenas se adecuarán a las normas consuetudinarias en lo atinente  a la estructura familiar y social.  La autoridad de aplicación  coordinará con el Instituto  Provincial de Planificación  y Promoción de la Vivienda  (I.P.P.V.) la realización  de  los estudios necesarios en relación a la construcción de  las mismas,  y se establecerán cupos mínimos para adjudicar a los beneficiarios de esta Ley.-

Capitulo VII. De la comunicación social

Artículo 48.- El órgano de aplicación de esta Ley coordinará con  los medios masivos de comunicación oficiales y privados,  todos los temas concernientes a la comunidad indígena en general,   y  al  pueblo mapuche  en  particular,  garantizando la  formación y capacitación de comunidades  sociales.

Artículo 49.- El Estado   Provincial    facilitará mecanismos participativos  y asesoramiento que permitan  a cada comunidad,   desarrollar,  crear y/o mejorar los  medios de comunicación que sean necesarios.  A través de estos espacios se brindará  especial asesoramiento con respecto a derechos y obligaciones  en áreas de trabajo y seguridad  social, y con respecto a la información económica y comercial para el productor y en todos los aspectos que hacen a la vida de los indígenas y pobladores  rurales,  contemplando en todas  las programaciones  de  los medios de comunicación social  pautas culturales que  eliminen los prejuicios existentes con  relación a la población indígenas y que aseguren el respeto a las mismas.-

Artículo 50.- Se   facilitarán   los  medios para que toda la comunidad  cuente  con equipos de radio en  los parajes.  La comunidad  designará  a los recursos humanos que
garanticen la prestación de servicios.-

Artículo 51.- La autoridad de aplicación   coordinará con los organismos  competentes en la materia la  creación de un sistema interconectado.-

Capitulo VIII. De las disposiciones generales

Artículo 52.- Los   derechos y obligaciones consagradas en la presente  Ley,  no significan de manera  alguna la negación de  otros derechos,  deberes y garantías establecidas en la Constitución  Nacional,   Provincial y las  Leyes que se dicten en consecuencia.-

Artículo 53.- La presente Ley se hará extensible a los pobladores  rurales carenciados, cuya situación se asimile a la de los indígenas.-

Artículo 54.- El Consejo una vez promulgada esta Ley,  realizará  un  estudio  etnológico y   censal  de  la situación jurídica,   social  y económica de las  comunidades indígenas.-

Artículo 55.- Créase el Fondo de Desarrollo de las comunidades indígenas,    que  estará   integrado  por  los siguientes recursos:

a)      Los  aportes de rentas generales que establezca la Ley  de Presupuestos.-

b)      Los  aportes y subsidios de la Nación,  la Provincia y los Municipios.-

c)      Las donaciones, subsidios y legados de cualquier origen.-

d)      Todo otro aporte que se disponga por Ley o Decreto.-

Artículo 56.- Los   fondos previstos en el artículo anterior, serán  depositados  en una cuenta especial  del Banco de la Provincia  de  Río Negro,  denominada  "Fondo  de desarrollo de las comunidades  indígenas", y serán administrados por el Consejo Ejecutivo del Consejo de Desarrollo conforme a las normas vigentes en la  reglamentación.-

Artículo 57.- El   fondo   creado será destinado a cubrir los gastos  que demande el programa anual de acción de la autoridad de aplicación.-

Artículo 58.- En caso de duda sobre la interpretación, aplicación  o alcance de esta Ley, los  encargados de aplicarla,   decidirán  en  el sentido  más  favorable  al indígena.-

Artículo 59.-La presente Ley será traducida al idioma mapuche y  se instrumentará su difusión y  conocimiento en todos los niveles del sistema educativo.-

Capitulo IX. De las disposiciones transitorias

Artículo 60.- Los miembros del Consejo Ejecutivo del Consejo de  Desarrollo de las Comunidades Indígenas  en su primera constitución  y  hasta las elecciones del  Consejo Asesor Indígena  son  designados por el Poder  Ejecutivo  del siguiente modo:

a)      Dos (2) Delegados del Poder Ejecutivo.

b)      Dos (2) Delegados del Consejo Asesor Indígena.

c)      Los  miembros de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas de la Legislatura de la Provincia de Río Negro.-

Artículo 61.- Los    gastos que demande el cumplimiento de la presente  Ley  se  tomarán   de  las   partidas presupuestarias  asignadas a los organismos correspondientes, hasta la inclusión  de partidas específicas en el Presupuesto General de la Provincia.-

Artículo 62.- Derógase toda legislación o norma que se  anteponga a la presente Ley.-

Artículo 63.- El   Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley en un plazo de noventa (90) días a partir de su promulgación.-

Artículo 64.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

 

Ley 2353

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Adhesión a la Ley 23.302Viedma, 21 de Diciembre de 1992

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Art. 1 - Adhiérase a la Ley 23302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades indígenas.

Art. 2 - El Poder Ejecutivo Provincial designará un representante para integrar el Consejo de Coordinación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 - inciso I - apartado f) de la Ley 23302 y artículo 9 del decreto 155 que reglamenta la mencionada Ley.

Art. 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

Ley 2553

Sancionada: 19/11/92. Promulgada: 14/12/92. Decreto numero 2363. Boletin oficial: numero 3025

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1o.- Adhiérese a la ley 23302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades indígenas.

Artículo 2o.- El Poder  Ejecutivo Provincial designará un representante para integrar el Consejo de Coordinación del Instituto  Nacional  de Asuntos Indígenas,  de  acuerdo a lo establecido en el artículo 5o. - inciso I - apartado f) de la ley 23302 y artículo 9o. del decreto 155 que reglamenta la mencionada ley.

Artículo 3o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

Decreto 310/1998

Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas. Integración. Funciones. Sancionado 6/4/1998; Publicado 24/7/2003

Visto el expte. 2232 S 97, del registro del Ministerio de Gobierno, el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, el convenio 169 de la O.I.T., la ley 24071, y

Considerando:

Que por el citado precepto constitucional incorporado por la reforma del año 1994 se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos garantizándoles los derechos allí enumerados y estableciendo facultades concurrentes del Estado federal y las provincias para reglamentar y aplicar el contenido integral del mismo;

Que dicha cláusula es operativa en el sentido de que el Congreso no puede negar ese reconocimiento y que su contenido debe darse por aplicable siempre, aun a falta de desarrollo legislativo, actuando incluso por encima de legislación contraria o superada;

Que aun más, las estipulaciones de derechos y garantías no deben aguardar su reglamentación por las legislaturas provinciales para poder ser invocadas por sus beneficios, que los titularizan de inmediato por directa atribución constitucional;

Que en nuestra provincia no puede hablarse en principio de vacío legal por cuanto tiene vigencia la ley 2287  que tiene por objeto el tratamiento integral de la situación jurídico económico social de la población indígena;

Que no obstante ello, dicha ley es preexistente a la reforma del año 1994 y deviene necesaria su modificación para encuadrarla en la nueva realidad constitucional;

Que tal modificación deberá ser el resultado de un proceso de participación imperativa de los pueblos indígenas, tal como lo señala el convenio 169 de la O.I.T., debiendo el Estado provincial respetar a ultranza tal intervención;

Que será la misma realidad preexistente, a la que se reconoce una cultura y una identidad peculiar la que posee la aptitud de emitir normas y regulaciones de derecho que las estructuren;

Que hasta que ello ocurra resulta necesario elaborar los instrumentos legales que permitan en esta etapa de transición, proveer de los mecanismos útiles para cumplir con la operatividad mencionada “ut supra”;

Que el acta acuerdo de la Coordinadora del Pueblo Mapuche elaborado en la ciudad de Viedma en el mes de noviembre de 1997 con la participación de distintas organizaciones indígenas de la provincia de Río Negro establecieron base y criterios que deben ser volcados en el presente instrumento legal;

Que por el mismo deberá establecerse lo referente a la constitución del ámbito de discusión y actuación, denominación, funcionamiento, fines y objetivos;

Que el detalle indicado ha sido producto del consenso entre los representantes del pueblo indígena y del Poder Ejecutivo provincial.

Por ello,

El gobernador de la provincia de Río Negro decreta:

Art. 1.– El nuevo Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas estará integrado de conformidad a lo expresado en el pto. 8 del acta acuerdo de la Coordinadora del Pueblo Mapuche que como anexo I forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.– Reconócese a la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, como instancia representativa, conformada por todas las organizaciones del pueblo mapuche.

Art. 3.– El consejo se conformará con dos representantes del Poder Ejecutivo y tres representantes del pueblo mapuche elegidos de acuerdo al mecanismo señalado en el acta acuerdo 2 que como anexo II se integra al presente. El presidente del cuerpo será un representante del pueblo mapuche propuesto por la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche y designado por el gobernador.

Art. 4.– El consejo de desarrollo funcionará en ámbito del Ministerio de Gobierno con dependencia del mismo y tendrá carácter permanente como espacio institucionalizado de cogestión gobierno población para establecer las políticas a implementarse.

Art. 5.– Los cargos de los representantes elegidos al consejo tendrán carácter temporal. Durarán en sus funciones un (1) año y será evaluado su desempeño cada seis meses a fin de revalidar su designación. Corresponderá a la asamblea del Parlamento del Pueblo Mapuche el control y ratificación de sus designados mientras que el Poder Ejecutivo hará lo propio con los agentes bajo su competencia.

Art. 6.– Los representantes del pueblo indígena recibirán una remuneración acorde a las funciones y responsabilidades a asumir. Es responsabilidad del Estado provincial remunerar a los representantes indígenas.

Art. 7.– Dentro del consejo se distinguirán 2 niveles de operatividad:

a) De toma de decisiones: Que tendrá a su cargo la definición de políticas, estrategias de acción, determinación de prioridades, elaboración de programas de trabajo y toda otra formulación que permita el logro de los objetivos acordados. Este nivel se integrará con la totalidad de los representantes al consejo, adoptando las decisiones que sean consensuadas, teniendo en cuenta la posibilidad de voto;

b) De ejecución: Facúltase al Consejo de Desarrollo de Comunidad a designar equipo o equipos de trabajo, organizados por un coordinador preferentemente indígena a propuesta de la coordinadora del parlamento. Los equipos se conformarán debiendo tener siempre como directriz el programa de trabajo a implementar y el cumplimiento de los objetivos fijados en el mismo.

Art. 8.– Facúltase al consejo a gestionar y administrar los fondos provenientes de la provincia, Nación, por vía internacional u otras como donaciones, subsidios, o indemnizaciones que se obtengan para su funcionamiento y la ejecución de los distintos programas de trabajo, previa comunicación al Ministerio de Gobierno. Estos fondos serán administrados por los responsables que el Consejo de Desarrollo de Comunidades designe.

Art. 9.– Autorízase al Ministerio de Gobierno a designar un responsable indígena, a propuesta de la coordinadora, para el manejo de las cuentas corrientes que se habiliten, con cargo de oportuna rendición al Ministerio de Gobierno y Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche.

Art. 10.– Facúltase al consejo a dictar un reglamento interno que de manera concisa y práctica ordene la modalidad de funcionamiento, periodicidad y otros aspectos de organización interna.

Art. 11.– El presente decreto será refrendado por el ministro de Gobierno.

Art. 12.– Regístrese, etc.

Verani – Jouliá

Anexo I Acta acuerdo de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche

En la ciudad de Viedma, a los diecisiete días del mes de noviembre de 1997, los miembros presentes de las siguientes organizaciones indígenas de la provincia de Río Negro: Centro Mapuche de Viedma, Centro Mapuche de Roca, Centro Mapuche de Bariloche, Centro Mapuche de Catriel, Centro Mapuche de Sierra Colorada, Centro Mapuche de Carmen de Patagones, Consejo Asesor Indígena, la Comunidad Cañumil, y los pobladores de los parajes presentes, con el propósito de definir criterios para llegar a la unidad sobre la base de nuestros principios y valores ancestrales acordamos los siguientes compromisos.

1. Impulsar la reconstrucción de la unidad e identidad del pueblo mapuche, y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

2. Garantizar la constitución y creación de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, la que tendrá como facultad fijar y definir las políticas instrumentadas por el Consejo de Desarrollo de las Comunidades, en lo concerniente al desarrollo económico, social y cultural.

Asimismo tendrán como fin impulsar el diálogo, la participación y la unidad de las comunidades, pobladores dispersos, centros y otras organizaciones mapuches.

3. Realizar las actuaciones y reformas necesarias a la ley 2287/1988 . Adecuar la legislación provincial a los avances de la Constitución Nacional art. 75  inc. 17. Del derecho internacional vigente (convenio 169, ley nacional 24071 ), proyecto de declaración universal de los pueblos indígenas de la O.N.U.

4. Suspender definitivamente, los mecanismos eleccionarios para la designación de representantes provinciales al Consejo de Desarrollo de las Comunidades.

5. Rechazar todo proyecto de titularización de las tierras en forma individual. Y promover la entrega comunitaria de las tierras, con plena participación y consentimiento de los pobladores mapuches implicados. Asimismo desarrollar investigaciones y estudios previos sobre la situación de la tierra o a regularizar.

6. Garantizar y respetar las autonomías de todas las organizaciones, y a crearse del pueblo mapuche.

7. Garantizar una composición pluralista del consejo de desarrollo.

8. Apoyar e impulsar la creación del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, teniendo como constitución a la totalidad de las organizaciones del pueblo mapuche.

No siendo para más se da por finalizado el presente acto, firmándose dos ejemplares de un solo tenor, a un solo efecto.

 

Ley 3452

Cementerio de los pueblos originarios de la provincia. Tierras fiscales. Donación. Sancionada:  31/10/2000; Promulgada: 17/11/2000; Boletin oficial: 23/11/2000

La Legislatura de la provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Art. 1.– Autorízase al Poder Ejecutivo a donar tierras fiscales para el asentamiento de un cementerio de los pueblos originarios de la provincia, a aquella/s entidad/es indígena/s que cuenten con personería jurídica, conforme la ley provincial 2287 .

Con el objeto de que la presente autorización a la transferencia de tierras fiscales a título de donación produzca los efectos de transmisión de la titularidad del dominio, deberá el Poder Ejecutivo, en su calidad de donante, solicitar la autorización legislativa especial contemplada en la ley 3105. En dicha solicitud se determinará la entidad o persona jurídica del donatario, se especificará el bien donado (la ubicación exacta a través de la nomenclatura catastral) y se acreditarán fehacientemente los requerimientos exigidos por los arts. 2 , 3  y 4  de la ley 3105.

Art. 2.– Dichas tierras contarán con una extensión de veinte (20) hectáreas ubicadas en la secc. 6 de la provincia de Río Negro (Meseta de Somuncurá). La ubicación exacta de dicha área será especificada en la reglamentación de dicha ley, la que estará a cargo del Poder Ejecutivo, con la participación de las comunidades indígenas, la Dirección de Tierras y la Dirección de Cultura.

Art. 3.– Trasládense a dicho cementerio los restos óseos de los pueblos originarios de la provincia de Río Negro:

a) Los existentes en los museos públicos y privados de la provincia.

b) Los existentes en museos pertenecientes a personas físicas o jurídicas con domicilio real y/o legal en la provincia.

c) Todos aquellos que en el futuro fuesen hallados, sea en investigaciones científicas o cualquier otra circunstancia.

d) Todos aquellos restos de indígenas que se encontraren fuera de la provincia, para los cuales haya sido fehacientemente demostrada su pertenencia en virtud del art. 2 de la ley 2287 .

Art. 4.– Para el caso específico del inc. d) del artículo anterior, la Dirección de Cultura en consenso con las comunidades indígenas resolverán sobre el tratamiento de dichos hallazgos.

Art. 5.– Dicho traslado no comprende a aquellos restos que hubieren tenido una sepultura sagrada en otro lugar, salvo que las comunidades, con el acuerdo de la familia directa, así lo requieran.

Art. 6.– La autoridad de aplicación de la presente ley funcionará en la órbita de la Dirección de Cultura, quien contará con la participación de las comunidades indígenas en las decisiones que así lo requieran.

Art. 7.– Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

Mendióroz – Meilán – Verani – Rodrigo

Ley 3468

Sancionada: 14/12/00. Promulgada: 28/12/00. Decreto 1859. Boletin oficial: numero 3848

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1º.- Los restos mortales de personas pertenecientes a pueblos originarios de la provincia,  cualquiera fuera  su característica étnica y lugar del país en su origen, que  integren  colecciones  públicas  o  privadas  de  objetos antropológicos  o  formen  parte del  patrimonio  cultural  de museos públicos o privados en el ámbito de la Provincia de Río Negro, deberán ser puestos a disposición de sus comunidades de pertenencia cuando éstas los reclamen.

Artículo 2º.- Cuando  no exista reclamo por parte de sus comunidades, podrán seguir a disposición de las instituciones  que  las  albergan, debiendo ser tratados  con  el
respeto  y la consideración que se brinda a todo cadáver humano.

Artículo 3º.- La  comunidad que realice el reclamo  a que hace referencia la presente ley deberá estar reconocida en su jurisdicción de origen o contar con aval de  organismo oficial que certifique su existencia.

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

Individuales, modificatorias o sin eficacia

Ley 2180

Sancionada: 24/09/87. Promulgada: 02/10/87. Decreto 1829. Boletin oficial: numero 2501

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a  expropiación  el inmueble que según  título inscripto en el Tomo 865, Folio 116, Finca 407 del Registro de la Propiedad, corresponde  a  "María   Sofía  S.A.", con una superficie de sesenta mil hectáreas y ubicado en la  sección veintiocho,  Margen  Sud  del río Limay.  Dicho  inmueble  se encuentra deslindado como lotes 1,2,3,4,5 y 6 en el duplicado de  Mensura  Nº  590,  archivado en la  Dirección  General  de Catastro  y  Topografía  de la provincia,   correspondiente  a mensura  realizada  por el Ingeniero Félix Córdoba,  aprobada por  Decreto  del  Poder Ejecutivo Nacional con  fecha  4  de agosto de 1904.

Artículo 2º.- La tierra rural  mencionada en el artículo anterior, será destinada a   indígenas, priorizando la reubicación  del núcleo  poblacional  de  la Reserva Indígena de Pilquiniyeu del Limay, garantizándoles una unidad económica de explotación y preservando la unidad y medio  ambiente de la Reserva, en un todo de conformidad  con las directivas administrativas que establezca para el caso en particular, la Dirección General de Tierras y Colonias.

Artículo 3º.- El sujeto  expropiante  será el Poder Ejecutivo Provincial,  imputándose los gastos que demande la aplicación de la presente Ley a Rentas Generales.

Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

Dada  en la Sala de Sesiones de la  Legislatura de  la Provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma, a  los veinticuatro  días  del mes de setiembre de  mil  novecientos ochenta y siete.

 

Ley 2200

Sancionada: 24/11/87. Promulgada: 30/11/87. Decreto 2284. Boletin oficial: numero 2518

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1o.- Resérvese con destino a la radicación  exclusiva de los actuales integrantes de la agrupación indígena  Cañumil,  una superficie -según mensura- de  23.454 has  99  as 81 cas 89 dm2, ubicadas en parte de las leguas  y lotes que a continuación se detallan:  d del lote 51;  b, c y d  del  Lote 52;  a, b, c y d del Lote 68;  a, b, c y  d  del Lote  69;   a, c y d del Lote 70 y a, b, c y d del  Lote  72; todo de la Sección IX de esta Provincia.

Artículo 2o.- Constituirán además parte de la presente reserva  las  tierras utilizadas en condominio  como veranada por los pobladores que ocupan el predio citado en el
Artículo  1º, ubicadas en Lote 56 Leguas a, b, c, d;  Lote 65 a y b;  Lote 66 Leguas a, c y d con una superficie aproximada de 22.500 hectáreas sujetas a mensura.

Artículo 3o.- Otórguense títulos traslativos de  dominio  por la  Dirección General de Tierras y Colonias, de acuerdo  al fraccionamiento del Duplicado 2115 realizado  por
el  organismo  precitado  y en trámite de  aprobación  en  la Dirección  General  de Catastro y Topografía, de  conformidad con  los convenios de deslinde acordados entre los pobladores a  los  actuales  ocupantes   reconocidos  en  Expediente  Nº
150.793/87 del Registro del Ministerio de Recursos Naturales.

Artículo 4o.- Los beneficiarios accederán  al título en forma gratuita  debiendo  sólo hacerse cargo  de  los gastos operativos del fraccionamiento referido.

Artículo 5o.- Los propietarios no podrán, a partir de la  fecha de obtención del título y por el término de veinticinco  (25)  años, transferir los Derechos  de  Dominio total  o  parcialmente  a  ningún   título,  sin  la   previa intervención  de la Dirección General de Tierras y Colonias y únicamente  a los fines de la recomposición fundiaria,  entre los  miembros  de la comunidad Cañumil, debiendo obligarse  a explotar personalmente los predios con haciendas propias.

Artículo 6o.- Derógase la Ley Nº 790.

Artículo 7o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

Ley 2297

Sancionada: 03/05/89. Promulgada: 15/05/89. Decreto 952. Boletin oficial: numero 2668

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo  1o.-  Ratifícase  el  convenio  suscripto  entre  la Provincia  de Río Negro y la Empresa  HIDRONOR Sociedad Anónima,  el 16 de agosto de l988 y que como Anexo I,
forma parte de la presente.-

Artículo  2o.-  Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

J. Alberto Abrameto  Dr. Pablo Verani

ANEXO I

Primera: Serán ejecutores de este convenio,  la Comisión Mixta  Provincial  creada  por Decreto No 728/87 por la Provincia de  Río Negro y la Gerencia de Intereses Regionales por la Empresa.

Segunda:  Los ejecutores,  constituídos en unidad  ejecutora, con  la participación de técnicos de ambas partes,  elaborarán en forma articulada y coordinada un proyecto integrado para la relocalización  de los pobladores afectados directa e indirectamente, en el marco de la reconstrucción de la Reserva Indígena Pilquiniyeu del  Limay y la recuperación ambiental del área afectada  por la represa,  determinando los  mecanismos y  responsabilidades  de ejecución y financiamiento de las actividades comprometidas,  para someterlo a consideración de los firmantes del presente convenio.-

Tercera:   La  Empresa transferirá a la Provincia,  dentro  de los  noventa (90) días de firmado el presente convenio y,  tomando  como referencia el valor que fijó el Tribunal de Tasación  de la Nación por las tierras a inundar,  que  pertenecen al  dominio del Estado  Provincial,  la suma de australes  tres millones  trescientos cincuenta y nueve mil trescientos dieciseis  (A 3.359.316.0),  al 1o de julio de 1988 con más el diez por ciento (10%) que establece el artículo 13 de la  Ley  No 21499 y su actualización hasta el momento de su efectivo pago, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: Mr=Mo Ir/Io; siendo: Mr (Monto ajustado);Mo (Monto Básico); Ir (Indice  de precios al consumidor,  nivel general,  publicado por  INDEC  correspondiente  al mes anterior  al  de& nbsp; efectivo  ago);  Io (el mismo índice correspondiente al mes de junio de l988).  Estos  fondos   serán  transferidos a la  cuenta No. 90365/7  del  Fondo de Tierras Fiscales en la Casa Matriz  del Banco  de la Provincia de Río Negro;  y serán destinados a facilitar  la compra y/o expropiación de las tierras  necesarias para  la relocalización de los pobladores y sus  explotaciones pecuarias.  Dicho  monto corresponde a la  indemnización  por Inundación de 9.437   has.  de parte de los lotes oficiales 9, 12,   13,   28,  33,  34 y 47 de Sección V  paraje  Pilquiniyeu, Departamento Pilcaniyeu.

Cuarta:   La  Empresa se compromete a efectuar y/o coejecutar así como a financiar,  cuando corresponda,  según se defina en el Plan de Trabajo:

a) El programa de reasentamiento de la población.  El de adaptación a la nueva situación.  El de promoción del autodesarrollo.   El  de relocalización de sus actividades productivas  y todo lo que incluye el traslado de personas y bienes.-

b) La construcción del nuevo asentamiento humano con la infraestructura equivalente como mínimo.-

c) Los costos técnicos del proyecto aprobado que comprenderá estudios, implementación y seguimiento.-

d)  Los programas de apoyo a la educación,  salud y ayuda  directa  a la comunidad en el nuevo asentamiento en la etapa  de transición.-

e) El programa de recuperación ambiental que comprende:  Estudios  de  evaluación del impacto,  obras de infraestructura  y programas  para minimizar los efectos negativos y aquellas que sean protectoras del ambiente.-

Quinta:   La  Provincia se compromete a expropiar las  tierras necesarias que permitan a la comunidad afectada disponer de un lugar  ecológicamente equivalente,  al que conjuntamente se ha definido como el de la Estancia "María Sofía".- A  este efecto la Empresa financiará el monto establecido  por el  Tribunal de Tasaciones de la Nación,   actualizado a la fecha  del juicio expropiatorio.  Si el monto que establezca  el juicio expropiatorio fuera mayor,  la diferencia será aportada por  la Provincia,  y si,  fuera menor  la Empresa la  dedicará al proyecto.-

Sexta:   La  Empresa se compromete a efectuar las  previsiones presupuestarias correspondientes para asegurar el cumplimiento de acciones aprobado por las partes.
Asimismo  se conviene constituir un fondo con el objeto de  afrontar  erogaciones menores que permitan viabilizar la ejecución de las acciones convenidas.  La Unidad ejecutora determinará  el monto a que ascenderá el mismo,  el cuál será depositado en la cuenta corriente especial que se creará al efecto.-

Séptima:   La Empresa se hará cargo de los salarios,  viáticos y gastos de movilidad del personal propio afectado al proyecto y  de  los  viáticos y movilidad del personal  que afecte  la Provincia al desarrollo del proyecto.-

Octava:   La  Provincia  se  hará cargo de  los  salarios  del personal de su planta que sea afectado al proyecto.-

Novena:   Los  detalles técnicos del proyecto y sus  programas con  sus  objetivos,  actividades, costos y cronogramas que  se elaboren  conjuntamente  serán elevados a consideración de  la Provincia y de la Empresa para que,  una vez aprobados pasen a
formar parte indisoluble del presente convenio.-

Decima:   La  Provincia de Río Negro renuncia  expresamente  a cualquier  tipo de acción  judicial o extrajudicial contra HIDRONOR  SOCIEDAD ANONIMA referida al procedimiento expropiatorio de las tierras a inundar que pertenecen al dominio provincial.   La  cesión de las tierras del dominio provincial a  la Empresa  se  efectivizará  en un plazo de noventa (90)  días, momento  en el cual deberán estar aprobados y en ejecución los
programas  de  reasentamiento,  adaptación,  construcción  del nuevo asentamiento y evaluación del impacto ambiental.-

 

Ley 2465

Sancionada: 19/12/91. Promulgada: 26/12/91. Decreto 161. Boletin oficial: numero 2932

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1o.- Modifícase el Artículo 60 de la Ley 2287 (Capítulo IX de las Disposiciones Transitorias),que quedará redactado de la siguiente manera: "Los miembros del Consejo Ejecutivo del Consejo de Desarrollo  de las Comunidades Indígenas, en su primera constitución  y  hasta las elecciones del Consejo Asesor  Indígena previstas  en  el artículo octavo de la presente  ley, son designados por el Poder Ejecutivo del siguiente modo: a)  Dos (2) Delegados del Poder Ejecutivo.- b)  Tres (3) Delegados del Consejo  Asesor Indígena elegidos  por la organización de acuerdo con sus mecanismos habituales de elección de representantes, debiendo  asegurar  los principios de representación de las minorías.-

Artículo 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

Ley 2641

Sancionada: 17/06/93. Promulgada: 16/07/93. Decreto 1033. Boletin oficial: numero 3079

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1o.- Derógase la ley no.  674 de fecha 11 de octubre de 1971.

Artículo 2o.- Los integrantes de la Reserva Indígena Ancalao, que ejercen la ocupación real y efectiva de los predios colocados bajo reserva,  por la ley que se deroga por
el artículo 1o.  de la presente,  podrán acceder al título de propiedad en forma  gratuita,  con relación a una  superficie de terreno de 28.383 hectáreas,  19 áreas,  11 metros cuadrados,  ubicada en  la  Sección  IX,   Departamento  Norquinco, Provincia de Río  Negro,  con mensura aprobada por la  Dirección General de  Tierras  de la Nación,  por  resolución  no. 619 del 5 de abril de 1957 y decreto provincial no.  2494 del
7 de diciembre de 1965.

Asimismo  quedarán  exentos de los gastos emergentes de la transferencia,  mensuras, escrituras,  inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble,  etc.-

Artículo 3o.- Quienes  siendo integrantes de la Reserva Indígena Ancalao,  deseen acceder al título de propiedad,  deberán  cumplir con los requisitos establecidos por la ley 279 de Tierras  y especialmente con lo normado por  el capítulo III, de la Propiedad de la  Tierra, de la ley no 2287 de Tratamiento Integral de la Población Indígena.

Artículo 4o.- Los organismos competentes del Poder Ejecutivo, encargados  del otorgamiento de los respectivos títulos de propiedad,  tomarán todos los recaudos pertinentes para dar cumplimiento  a la presente,  dentro de un lapso  no
mayor de un año a partir de la fecha de su sanción.

Artículo 5o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-

 

Ley 3193

Sancionada: 29/04/98. Promulgada: 14/05/98. Decreto 484. Boletin oficial: numero 3574

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1º.- Modifícase  el artículo 6º de la ley nº 2669, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“DERECHO DE LOS POBLADORES

“Artículo 6º.- En los  ámbitos geográficos determinados como Areas Naturales Protegidas  y en aquéllas que se  establezcan,  la autoridad de aplicación formalizará  y elaborará  sus planes de manejo resguardando el derecho  de los  legítimos ocupantes, compatibilizando los objetivos  y fines  de la presente ley con las previsiones de las  leyes nº 279 y 2287, conforme a lo normado en el artículo 4º.

Mediante   la  promoción,    apoyo   técnico, económico   y  aquellas  formas   que   la   reglamentación establezca,  se  inducirá a los pobladores a  ejercitar  un manejo   de  los  recursos   que  garantice  un  desarrollo compatible con el área protegida y sostenible en el tiempo.

Hasta  tanto  la autoridad de  aplicación  no asigne  las  categorizaciones  y establezca los  planes  de manejo  en cada área natural protegida, no podrá producirse alteración  alguna en las condiciones legales de  ocupación de tierras fiscales comprendidas en ellas, ni en los bienes inmuebles  del  dominio  privado   declarados  de  utilidad pública y sujetos a expropiación".

Artículo 2º.- Modifícase  el artículo 8º de la ley nº 2669, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 8º.- En  el  ámbito   del  Centro   Provincial  de Documentación  se  constituirá  un   Banco  de    Datos  sobre  Áreas Naturales Protegidas, que trabajará  en  coordinación  permanente con la autoridad de aplicación de la  presente  y en el cual se acumulará toda la información difundida  y a difundir por cualquier medio, referida a  la temática en cuestión.

La Dirección General de Catastro y Topografía deberá realizar los deslindes catastrales correspondientes, a  los fines de determinar las delimitaciones de las  Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Río Negro".

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

Derogada

Ley 1968

Sancionada: 16/05/1985. Promulgada: 23/05/1985 - Decreto: 847/1985. Boletín Oficial: 30/05/1985 - Número: 2255

La legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley:

Artículo 1º.- Créase la Comisión de estudio del problema aborigen de la Provincia de Río Negro.

Artículo 2º.- La Comisión creada por el artículo 1º estará integrada por cinco representantes de la Legislatura, dos representantes del Ministerio de Recursos Naturales, de los cuales uno será el Director General de Tierras de la Provincia, un representante del Ministerio de Gobierno, un representante de la Secretaría de Trabajo, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante del Ministerio de Salud Pública y dos representantes del Consejo Asesor Aborigen.

Artículo 3º.- La Comisión tendrá por objeto elaborar el diagnóstico general de situación del problema aborigen de la Provincia y elevar la propuesta de solución en sus rubros jurídicos, económicos, sociales, asistenciales y culturales.

Artículo 4º.- La Comisión deberá expedir el diagnóstico de situación en un lapso que no podrá exceder de trescientos sesenta (360) días de su constitución y proponer una solución en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha del diagnóstico.

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.

 

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