... propiedad, acceso y uso

Por Eduardo Vega López - México

¿Quiénes son los dueños de los recursos genéticos? ¿Cuáles son las reglas de acceso y uso de los mismos? En nuestro país, como en muchos otros, estas dos preguntas no tienen respuestas claras o francamente nadie sabe las respuestas. Sin embargo, el desconocimiento o la incertidumbre al respecto no se ha traducido en la inacción pública en Brasil, Costa Rica o en los países miembros del Pacto Andino (Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Colombia).

Brasil ha optado, no sin conflictos internos e internacionales, por una línea institucional dura de vigilancia y sanción al libre acceso de los recursos genéticos en la basta extensión de la selva amazónica. Esta experiencia ha documentado numerosos casos en donde grandes consorcios multinacionales extraen sin atender a ningún criterio jurídico o acuerdo internacional muestras de suelos, plantas, hongos, agua e insectos que después, mediante especializados procesos de síntesis bioquímica en sus laboratorios establecidos en países desarrollados, sirven para producir nuevas enzimas y proteínas, nuevos materiales y sustancias, que a su vez, serán insumos de productos nuevos: medicinas, ungüentos, jabones, shampoos, perfumes, cosméticos, colorantes, edulcorantes, saborizantes, adhesivos, ceras, plaguicidas, semillas híbridas y mejoradas, entre muchos otros más. El usufructo ilegal de todas estas muestras, sustancias y productos se denuncia y combate como biopiratería.

Costa Rica, con otra situación social y geopolítica, entiende a sus bosques tropicales como verdaderos laboratorios naturales, como farmacias vivientes y bibliotecas sin clasificar. Criticando la visión convencional de ver en los bosques solamente suelos y madera, se ha propuesto, mediante el pragmatismo del úsese o piérdese (use it or loose it), aprovechar al máximo su biodiversidad, y de manera muy marcada, sus acervos genéticos. Mediante su Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), ha firmado convenios con laboratorios y corporaciones farmacéuticas, de donde proviene el 50% de su presupuesto. Donaciones del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de algunos gobiernos como los de Canadá, Suecia, Holanda y España han financiado parte de los avances que en esta materia ha tenido Costa Rica. Su sistema nacional de áreas naturales protegidas se dedica, además de al ecoturismo y la captura de carbono, a las actividades de bioprospección que, junto con elevados ingresos en divisas, tienen otros beneficios tales como la construcción de inventarios de flora e insectos, capacitación a comunidades y profesionales en taxonomía, colecta y clasificación de muestras y bioalfabetización de su población. Independientemente que el caso de Costa Rica pueda asemejarse más al de la explotación regulada de un "yacimiento genético", lo cierto es que allí no hay biopiratería ni prohibición al acceso de los recursos genéticos sino bioprospección.

Los países miembros del Pacto Andino, más por organización social y activa participación comunitaria que por voluntad estatal, han normado el acceso y uso de la biodiversidad y, en particular, de los recursos genéticos. Anteponiendo los derechos de propiedad de las comunidades indígenas andinas y amazónicas, estos países han adelantado mucho más en la regulación comunitaria del acceso de sus acervos genéticos que en el uso difundido de los mismos. Se argumenta que así como existen patentes y marcas relacionadas con la propiedad científica e industrial, debe aceptarse un mecanismo institucional donde el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas sea reconocido más allá de su valor antropológico, es decir, que los derechos y regalías que se deriven de la bioprospección consideren los costos evitados a los laboratorios y firmas farmacéuticas por dicho conocimiento tradicional (del random screening a la targeted synthesis). Se arguye que el conocimiento y uso de la biodiversidad no es separable de la cultura de los pueblos y comunidades ancestrales y, por ende, que el mismo merece una retribución económica mucho mayor que la que generalmente están dispuestas a pagar las corporaciones farmacéuticas e industriales.

En nuestro país, apoyado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), en mayo de 1997 el Senado de la República organizó un seminario para discutir la posible legislación del acceso a los recursos genéticos. Poco después quedó archivado dicho proyecto. Más tarde, la CONABIO publicó el documento "La diversidad biológica de México: estudio de país", la SEMARNAP promovió la preocupación institucional acerca de la bioseguridad y muy recientemente, la CONABIO publicó la "Estrategia nacional sobre biodiversidad de México". Todos estos antecedentes e iniciativas son muy valiosas y, sin embargo, pareciera campear la sensación de que México permanece en la sistematización de información y en los pronunciamientos internacionales sobre bioseguridad, mientras que la biopiratería amplía su cobertura y la bioprospección no termina por regularse. La modificación genética de organismos, variedades y especies vegetales son literalmente un asunto estratégico de seguridad nacional y urgen acciones públicas al respecto. La CONABIO propone el establecimiento de un programa nacional de bioseguridad, otro programa nacional de biotecnología y el impulso de la regulación del acceso y uso de los recursos genéticos, así como el fomento de la expedición de patentes o registros asociados con la denominación de origen, la propiedad intelectual y el secreto industrial que pudieran derivarse de la domesticación, selección o manipulación tradicional de flora y fauna hecha por campesinos o pueblos indígenas del país. Ciertamente, el problema no es sencillo. 

Los caminos recorridos por Brasil, Costa Rica y los países miembros del Pacto Andino nos enseñan ventajas y severos riesgos. Pero mientras tardemos más en actuar será más remota la posibilidad de traducir en hechos los convenios internacionales y las convicciones propias acerca de los derechos de propiedad y de las reglas de acceso y uso de nuestros recursos genéticos. Debemos combatir la biopiratería pero simultáneamente debemos regular la bioprospección, acotarla, consensarla, asumir sus costos y distribuir sus beneficios con criterios de equidad. Esta debe ser otra de las prioridades del nuevo gobierno pues se trata de un asunto de seguridad nacional e imprescindible para la sustentabilidad de nuestro desarrollo económico y social.

MILENIO Diario / México, jueves 21 de septiembre del 2000