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del
Concejo Indígena Mesoamericano
Nosotros,
organizaciones, las comunidades y pueblos indígenas de Mesoamerica constituimos
el Consejo Indígena Mesoamericano (CIMA) con el objetivo de hacer valer,
defender y promover nuestros derechos como Pueblos Indígenas de la región.
CONSIDERANDO
Reconociendo
los avances en el marco político y jurídico a nivel nacional, regional e
internacional del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas
Reafirmamos
nuestros derechos como pueblos que incluyen el derecho a: la libre determinación;
definir nuestro propio desarrollo y nuestras propias formas de vida; el control,
uso, manejo, administración y disfrute de los recursos naturales; controlar
todas las actividades económicas en nuestros territorios; nuestros sistemas jurídicos
propios y formas autónomas de gobierno y organización como sistemas políticos
diferentes tanto al nivel comunitario como regional; y los derechos humanos, políticos,
sociales, económicos y culturales.
Consideramos
que aunque han habido avances en el marco político y jurídico al nivel
nacional, regional e internacional, todavía falta el reconocimiento efectivo de
los pueblos indígenas dentro de la Constitución y la legislación nacional de
los países de Mesoamerica. Reafirmamos nuestro derecho para participar de forma plena y
efectiva en la elaboración, la toma de decisiones y la implementación de
convenios y otros instrumentos regionales e internacionales vigentes y
emergentes.
Reafirmamos
nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado a través de
mecanismos apropiados definidos por los pueblos en el desarrollo, la toma de
decisiones para la implementación de políticas, programas y planes nacionales,
regionales e internacionales que hasta el momento no han sido consultados a los
pueblos indígenas ya que estas medidas lesionan nuestros derechos.
Reafirmamos
nuestro derecho a la participación en igualdad de condiciones en negociaciones
con organismos bilaterales, multilaterales y compañas multinacionales.
POR
LO TANTO:
Exigimos
a los Estados que ratifiquen el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) así como su implementación y otros instrumentos jurídicos
internacionales que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas.
Exigimos
a los Estados – Nación a la aprobación del Proyecto de Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la Sub Comisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (en agosto de
1994).
Rechazamos
la adopción de convenios nacionales, regionales internacionales que son
contradictorios a los avances que reconocen los derechos de los pueblos indígenas.
Manifestamos
nuestra alta preocupación ante el establecimiento del proceso integracionista y
de globalización, implementando el Acuerdo de Libre Comercio de las América -
ALCA, el Plan Puebla Panamá - PPP, el Plan Colombia, la implementación de los
acuerdos de la Organización Mundial de Comercio que van en detrimento de
nuestros derechos y que conduce a la marginación y al hambre de nuestros
pueblos, la calidad de vida y la destrucción de la diversidad cultural de los
pueblos indígenas.
Rechazamos
los proyectos hidroeléctricas, así como otros megaproyectos susceptibles de
afectar a nuestro pueblos y territorios en el marco del Plan Puebla Panamá.
Exigimos
que los programas relacionados a la biodiversidad deben respetar los derechos
colectivos de nuestros pueblos, conocimientos colectivos indígenas, recursos
genéticos, bancos de genes, ciencia y tecnología y conocimiento de la
diversidad biológica; esto debe incluir nuestra participación en la toma de
decisiones, en la elaboración, planificación, ejecución y evaluación en el
manejo de cualquier proyecto que nos afecten así como el control de cualquier
beneficio que derive de ellos con el consentimiento libre previo e informado.
Rechazamos
todas las acciones de bioprospección y biopiratería que se viene desarrollando
en nuestros pueblos indígenas.
Rechazamos
el Protocolo Centroamericano de Acceso a los Recursos Genéticos y a los
Conocimientos Tradicionales que marginan y no reconocen nuestros derechos.
Exigimos
que los programas de conservación deben respetar y reconocer nuestros derechos
al uso y propiedad de los territorios de los cuales dependemos. Ningún programa
para conservar la biodiversidad debe ser promovido en nuestros territorios sin
nuestro consentimiento previo, libre e informado expresado a través de nuestras
organizaciones representativas.
Por
lo tanto la mejor garantía para la conservación de la biodiversidad respeten
nuestros derechos al uso, administración, manejo y control de nuestros
territorios. Afirmamos que la
protección de los diferentes ecosistemas deben estar en nuestras manos, de los
pueblos indígenas, dado que los hemos habitado por miles de años y nuestra
sobre vivencia depende de ellos.
Exigimos
que las políticas y legislaciones sobre ambiente deben reconocer que los
territorios el control y el uso de los territorios indígenas y los sistemas de
manejo de recursos naturales como ‘áreas en protección’ efectivas y darle
prioridad a su establecimiento legal como territorios indígenas.
Las
áreas protegidas o reservas ecológicas de la biosfera no deben dar argumento a
los gobiernos para desplazar a nuestros pueblos en los lugares que los habitan,
igualmente las políticas y legislaciones sobre ambiente defender, conocer que
las áreas protegidas que se encuentran dentro del los territorios indígenas
deben incluir la plena participación conjunta o co-manejo de los pueblos indígenas
y así como el control de cualquier beneficio que se derive de ellos.
Las
áreas protegidas no deben ser pretexto para desplazar a los pueblos indígenas
que ancestralmente han vivido de ellas.
Valoramos
altamente que nuestra ciencia y tecnologías hacen contribuciones importantes a
la humanidad, incluyendo a los países en vía de desarrollo’, demandamos
derechos colectivos de nuestros conocimientos en la legislación nacional como
en la internacional, y el control sobre el desarrollo y la manipulación de este
conocimiento.
Exigimos
a los Estados – Nación que resuelvan mediante el diálogo los conflictos
relacionados a los recursos, tenencia y reconocimiento de tierras y territorios
de los pueblos indígenas proveyendo los recursos económicos para recuperar las
tierras, restituir las tierras que fueron despojados.
Exigimos a los Estados - Nación, respeto a las formas de resolver nuestros conflictos internos y los conflictos creados por el Estado en nuestros territorios y resolverlos pacíficamente por la vía del diálogo sin evadir sus responsabilidades.
RESOLVEMOS:
Resolvemos
establecer el Consejo Indígena Mesoamericano (CIMA) como un cuerpo de
coordinación, consulta y de resoluciones en las instancias nacionales,
regionales e internacionales, para la promoción y la defensa de los derechos de
los pueblos indígenas, según la carta de constitución.
Resolvemos
coordinar políticas y acciones entre el CIMA y otras organizaciones indígenas
nacionales, regionales e internacionales.
Dar
a conocer la existencia del CIMA a todos organismos nacionales, regionales e
internacionales.
Que
la Carta de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los
Bosques Tropicales, el Proyecto de la Declaración Universal de los Derechos de
los Pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT sean referentes de los
principios y derechos del CIMA con respecto a los derechos de los pueblos indígenas
sobre: libre determinación entre ellos, territorios, cultura, educación,
salud, sistemas de ciencia y tecnología, sistemas jurídicos y políticos,
formas propias de realización, conocimiento tradicional de la propiedad
intelectual, áreas protegidas, acceso a recursos genéticos, reparto equitativa
de beneficios, derecho al autodesarrollo, el derecho de la participación,
consentimiento, libre, previo e informado, control, uso, manejo, administración
y disfrute de los recursos, formas propias de organización, investigación y
otros derechos humanos, sociales, políticos, culturales, económicos, medio
ambientales de los pueblos indígenas.
Llamamos
a los gobiernos para que promuevan una Segunda Década Internacional de los
Pueblos Indígenas en virtud de que la que esta por terminar no ha logrado que
se apruebe el Proyecto de Declaración Universal de los derechos de los Pueblos
Indígenas.
Apoyamos
el establecimiento del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las
Naciones Unidas y demandamos el apoyo económico y político para una verdadera
eficacia según su mandato.
Dado
en San José, Costa Rica, el 27 de octubre de 2002
Firman:
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